UGT y CCOO acusan a Aguirre de paralizar el diálogo social

Los sindicatos UGT y CCOO acusaron este martes a la presidenta regional,  Esperanza Aguirre, de tener paralizado el diálogo social así como la puesta en marcha del III Plan Director de Salud y Seguridad en el Trabajo. Por eso, ante la situación desaceleración económica que se vive en la región, los sindicatos proponen una serie de medidas.

Según los sindicatos, en el primer trimestre de 2008, en la Comunidad de Madrid aumentó el número de desempleados hasta sumar 34.000 parados más, de los que 19.000 eran mujeres. "Esta situación golpea especialmente a las mujeres, a los jóvenes y a los inmigrantes, y se deja notar sobre todo en el sector de la construcción y de servicios", explicó el secretario general de CC.OO.-Madrid, Javier López.

Asimismo, "en la región, más de 2.000 empresas han desaparecido en los últimos tiempos y con ello han desaparecido puestos de trabajo", apuntó el secretario general de UGT-Madrid, José Ricardo Martínez.

Para paliar esta situación y ante las celebraciones del Día del Trabajador el próximo jueves, tanto UGT como CC.OO. apuestan por el diálogo social, aunque "en la Comunidad de Madrid, Aguirre lleva dos años paralizándolo, al igual que aún no se aplica del Plan Director de Seguridad en el Empleo".

En este sentido, el secretario general de CC.OO. Madrid señaló que es necesario poner en marcha diversas medidas para afrontar la situación actual del mercado de trabajo. "Queremos hablar con el Gobierno regional del incremento de fondos destinados a innovación y desarrollo, de inversión en infraestructuras básicas, de construcción de vivienda protegida, de revisión de política fiscal, de impulsar la igualdad en el empleo y de la eficacia de políticas activas de empleo", añadió.

Los sindicatos pusieron también el acento en la necesidad de mejorar y ampliar los servicios públicos. "La Comunidad de Madrid es la última en gasto en educación y la penúltima en gasto en sanidad", señaló Martínez. Por eso, piden un aumento de la inversión en materia educativa y formación, mejorar la asistencia sanitaria pública, aplicar la ley de dependencia y promover un nuevo plan de lucha contra la exclusión.