Así, muchos abuelos han tenido que quedarse al cuidado de los nietos; madres y padres han pedido el día libre en el trabajo, y los menos han optado por aprovechar los servicios mínimos de los centros para intentar cuadrar las horas fuera del hogar con las necesidades de sus hijos más pequeños. Silvia Guerrero, directora de cuatro "casas de niños" de Leganés, todas ellas de la red pública, ha indicado que, según sus datos, el seguimiento en la zona sur de Madrid ha alcanzado el 90 por ciento.
Se están cumpliendo los servicios mínimos impuestos por la Comunidad de Madrid, del 25 por ciento, aunque en algunos centros más pequeños "sólo están el director y el conserje", ha informado Guerrero. En otros municipios del sur, como Getafe y Alcorcón, con seis de sus siete escuelas sin actividad, el seguimiento estimado por los convocantes es prácticamente total, tanto en los centros de gestión directa, como indirecta -asumida por el Ayuntamiento correspondiente-.
En Madrid, distritos como Vallecas Villa y Pueblo, y Morataláz, el seguimiento es de un 85 por ciento. Según ha apuntado Guerrero, "hasta ahora no hay incidentes, porque estamos hablando de gente muy profesional que no va a dejar de cumplir los servicios mínimos y que saben que quienes han llevado a los niños es porque no pueden dejarlos con nadie". Los pequeños están cuidados en la escuela, ha dicho, y aunque no hay las actividades "normales de todos los días, se les atiende y se les da de comer".
Concentraciones
Los sindicatos convocantes han recordado que hay varias concentraciones previstas a distintas horas en los municipios y una gran manifestación convocada para las seis de la tarde frente a la sede de la Consejería de Educación, en la calle de Alcalá de Madrid.
Blanca Asansa, directora de una escuela infantil de Vicálvaro, ha informado de la presentación de 14.000 firmas en el Registro de la Comunidad de Madrid contra el decreto de mínimos.
En concreto, han sido llamados a la huelga 378 centros de la Red Pública de Escuelas Infantiles y Casas de Niños de la Comunidad de Madrid para protestar contra el decreto 18/2008 de la Consejería de Educación de requisitos mínimos para el primer ciclo de Infantil. Los docentes consideran que se está intentando reducir "hasta límites insoportables para una sociedad desarrollada como la madrileña, la calidad de la educación de los ciudadanos más pequeños de nuestra sociedad, sin respetar sus derechos y necesidades de desarrollo integral" y denuncian que lo que quiere el Gobierno regional es hacer "rentable económicamente" este tramo de la educación para privatizarlo.
Los servicios mínimos afectan a todos los directores y al 25 por ciento de la plantilla docente y garantizan el servicio de cocina y el de enfermería (en las Escuelas que dispongan de él), con un trabajador de cocina, un auxiliar de hostelería y un diplomado universitario de Enfermería por cada centro.