El desmantelamiento del sistema público de servicios sociales

Nos encontramos en un momento clave para definir el modelo social europeo de los próximos decenios. En estos momentos existe una corriente ideológica neoconservadora, en los principales países del ámbito de la OCDE, que achaca todos los males de la economía y de la sociedad al modelo social vigente.

Para esta corriente es necesario actualizar el modelo de Estado de Bienestar Social y  preconizan que, “si queremos ser competitivos y mantener y ampliar nuestra situación económica privilegiada a nivel mundial, hay que dar prioridad al mercado”. En estos momentos, el modelo estadounidense neoconservador se presenta como referente. Es lo que el presidente George Bush llama la búsqueda de una “sociedad de propietarios” (“ownership society”).

Una sociedad orientada a combatir la solidaridad e incrementar la precariedad.
La OCDE ya en su informe del año 2005 titulado 'Reformas económicas: objetivo crecimiento', indicaba que Alemania debía flexibilizar sus condiciones de trabajo, reducir salarios e incrementar horarios laborales para crecer más. En cambio, no decía nada  sobre  el hecho de que en 15 años –1998 a 2003-  el diez por ciento de la población alemana más rica había pasado de tener un 44 por ciento de  la renta a disfrutar de un 47 por ciento. Y la tendencia sigue.

Reformas puestas en marcha en los Estados Unidos como son la privatización del sistema de pensiones, la potenciación de  los seguros privados sanitarios y la brutal reducción de impuestos sobre la renta a las clases altas van en este sentido. Con impuestos más reducidos no queda otro remedio que disminuir los presupuestos de los programas sociales. Lo que no preveían era que otras consecuencias sucederian al hipotecarse los pobres.

El modelo británico de la “tercera vía” impulsado por el “Labour”, aunque menos liberal en sus objetivos finales, se sitúa también en está línea. Por ejemplo, Ernest Seilliére, antiguo presidente de la patronal francesa llegó a definirse como “socialista británico”.
En esta concepción solo priman los valores e indicadores económicos. El crecimiento del PIB, el índice de inflación, las exportaciones e importaciones, la masa monetaria... etc. Los datos sociales pasan a un segundo o tercer plano: el fracaso escolar, la tasa de paro, el índice de pobreza, los presos encarcelados, la cobertura sanitaria...son residuales o en todo caso objeto de negocio.

Sus soluciones son: ante el incremento de los gastos sociales, de la “ineficacia” de la gestión pública (burocrática, centralizada) de los cambios demográficos que acrecientan las necesidades de la población, la gestión de los servicios de bienestar por empresas de propiedad privada es la panacea que puede solucionar esta situación.

Hay que abandonar tabúes y ser ambiciosos. La precariedad laboral, el incremento del tiempo de trabajo son medidas necesarias para la buena marcha de la economía. En el fondo, se considera positivo ir hacia un modelo de desigualdad social.

Lo social es asumido como un elemento de mejora de la economía, de la competitividad de las empresas. Convirtiendo asi las políticas sociales  en un instrumento de destrucción del Estado Social y de los servicios públicos.
Nos encontramos ante una estrategia orientada a deslegitimar lo público y desmantelar los derechos colectivos. La clave es el mercado.

La protección y el diálogo social antiguos principios del modelo social europeo se olvidan cuando no se entierran. La metodología de los partidos neoconservadores para alcanzar esta estrategia es clara. Primero se reduce –hay que bajar impuestos-  la financiación de un área de bienestar. Por ejemplo –caso inglés en los años 80 y 90- la sanidad. Ante la disminución del gasto los servicios comienzan a funcionar deficientemente.

Para solucionar estas insuficiencias se plantea la privatización del sistema y después el pago por los clientes de parte del gasto. El siguiente paso consiste en reducir la cartera de los servicios ya privatizados y que sean los ciudadanos –según su poder económico- los que asuman estas prestaciones.

Ya hemos conseguido el objetivo:  privatizar (el mercado es la solución) y desmantelar (acceso desigual) un sistema de bienestar. Pero todo ello está montado bajo una falacia: la falsa eficiencia de los sistemas privados para gestionar servicios sociales.
Por ejemplo, en Canadá –con datos del año 2001-  un sistema público de calidad asegura la salud de sus habitantes. Con una cobertura del 100% de la población su presupuesto supone un 9 por ciento del PIB.

En Estados Unidos con un sistema fundamentalmente basado en seguros privados, este porcentaje es del 14,6 por ciento y lo que es mucho más grave un tercio de la población con ingresos menores no tiene acceso a los servicios sanitarios.

Las causas del mayor gasto son evidentes. Los seguros y empresas privadas –tanto en España como en Estados Unidos- gastan importantes cantidades de sus presupuestos en publicidad y en reparto de beneficios a sus propietarios. Además en muchos casos las tarifas que cobran no tienen relación con los costos sino con el afán de lucro de los profesionales/las empresas que los prestan. ¿Porqué un porcentaje X  tiene que ser plusvalías para un grupo de empresarios/profesionales y no gasto social?

Estos hechos originaron que en Estados Unidos, en noviembre de 2002, los dirigentes de las empresas automovilísticas FORD, General Motor y Daimler Chrysler firmasen un comunicado solicitando la creación de un sistema de salud pública debido a sus menores costos comparativos.

Resulta evidente. Nos enfrentamos a dos formas antagónicas de abordar la realidad de una sociedad. La lógica neoliberal basada en que los individuos, familias y empresas privadas gestionan mejor sus bienes que el Estado y que cada persona tiene derecho a escoger unos servicios educativos, sanitarios, de pensiones... según sus ingresos económicos.

En esta concepción, no existen problemas sociales luego no es necesaria la intervención pública. Y una segunda visión que cree en la comunidad, la solidaridad y el reparto colectivo de los riesgos. Sin duda, los sistemas de gestión pública son manifiestamente mejorables. Posiblemente es necesario aumentar los incentivos al trabajo y reducir la tendencia –de algunas personas- a vivir del trabajo de otros. Y probablemente introducir criterios de calidad y eficiencia sea un reto necesario.
Lógicamente es necesario, también, adaptarse a los cambios demográficos y de coyuntura económica.

Pero la cuestión no es tanto aumentar o mantener un alto nivel de prestaciones, sino la lógica del modelo: creer en el riesgo compartido, la búsqueda de la igualdad social, la progresividad de los sistemas impositivos, para mantener los sistemas públicos de bienestar social. Por ello, es necesario y urgente  abrir un debate sobre como parar el futuro de la Europa social hacia la privatización y desmantelamiento de los Sistemas de Bienestar Social.

Es urgente, lo es desde hace tiempo, poner límites al proceso de privatización  en nuestro país.  ¿Cuáles son los límites de la privatización de los servicios y el fin de lucro en los servicios de bienestar social? ¿Qué niveles de ganancia se pueden permitir en sectores como la sanidad y la educación, la atención a la dependencia? ¿Qué límites debe tener la desigualdad social en una sociedad democratica como la española y en Europa? ¿Cómo parar la gran ofensiva de esta política neoliberal en nuestra Comunidad Autonoma de Madrid y como hacerla frente?

Milagros Hernández Calvo,
trabajadora social y concejala del Ayuntamiento de Madrid