MDO/Efe | Viernes 28 de marzo de 2008
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirma que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte no reservó terreno suficiente en el plan general de urbanismo de 2001 para construir viviendas protegidas, según lo establecido en la ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.
La sentencia fue notificada al pleno municipal el pasado 29 de febrero y responde a la denuncia que interpuso el concejal de Alternativa por Boadilla, Ángel Galindo, contra la resolución de la Comisión de Urbanismo de Madrid de 7 de noviembre de 2001 por la que se aprobó definitivamente el plan general de ordenación urbana (PGOU).
El fallo ha sido recurrido en casación por el Ayuntamiento ante el Tribunal Supremo, según el concejal de urbanismo, Pablo Cereijo. La sala obliga al Ayuntamiento a modificar diez planes parciales de los sectores Sur donde no se reservó el porcentaje del suelo marcado por la ley (50 por ciento) para levantar pisos para los sectores de la población más desfavorecidos.
El nuevo PGOU supuso la recalificación de unos 3.450.000 m2 de suelo para construir mas de 7.000 viviendas nuevas, pero el Ayuntamiento sólo destinó 1.022.948 m2 del suelo residencial a casas de protección pública en lugar de los 1.739.737 m2 que marca la legislación.
Galindo ha solicitado el "urgente" cumplimiento de la sentencia porque, aunque algunos sectores ya están terminados, la mayoría de los que incumplen la normativa autonómica están en fase de urbanización. "El Ayuntamiento no tiene intención de cumplirla porque ya ha dicho que ha recurrido, es decir, que no quieren vivienda para jóvenes y rentas bajas en Boadilla", ha manifestado.
Por su parte, el responsable de Urbanismo considera que no se puede interpretar ni acatar una sentencia que no es firme y espera el fallo definitivo del Tribunal Supremo, pero asegura que el plan general pasó todos los filtros políticos y técnicos preceptivos y que cumplió con la legalidad vigente en el momento de su aprobación.
Cereijo ha recordado que "Galindo lleva perdidos 40 juicios contra el Ayuntamiento que le han costado a las arcas municipales 140.000 euros" y ha acusado al edil de APB de querer "llamar la atención porque su familia tiene muchos intereses y un gran patrimonio en el municipio".
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