Carlos Martínez de Albornoz, ex director general corporativo; Emilio Butragueño, ex director general deportivo y vicepresidente del club; Manuel Redondo, ex director general de Presidencia; y Enrique Sánchez, vocal y portavoz de la anterior junta directiva madridista, se encuentran entre los imputados, además de los agentes Peppino Tirri, Giuseppe Bozzo y Martín James Derbyshire, y Ernesto Bronzetti, intermediario de futbolistas con el que el Real Madrid suele trabajar.
Todos deberán prestar declaración el próximo mes en referencia a los contratos de comisiones de los traspasos de Samuel, Figo, Solari, Gravesen, Cicinho y Cassano, en un caso que comenzó hace siete años.
Gustavo Orlandi y Ernesto Bronzetti, que no es agente FIFA autorizado, firmaron en 1994 un contrato por el que los beneficios de cualquier operación de adquisición o cesión de futbolistas y entrenadores se dividiría al 50 por ciento entre ambos.
Ningún club puede pagar a un agente no reconocido, pero Bronzetti trabajó y sigue haciéndolo para el Real Madrid, y cobrando a través de los agentes reconocidos como Peppino Tirri. Por ello, Orlandi denuncia que Bronzetti "coloca a personas interpuestas con la espuria finalidad de perjudicar a sus posibles acreedores, al situarse en permanente y formal situación de insolvencia, actividad ésta que se realiza con la inestimable y necesaria cooperación de los directivos del Real Madrid y de determinados agentes FIFA".
Orlandi acudió a la Justicia el 30 de marzo de 2001 y el 30 de octubre de 2003 el Juzgado de Primera Instancia número 52 de Madrid dictó sentencia por la que condenaba a Bronzetti al pago de 1.383.512 euros, más intereses y costas. El mismo juzgado, el 22 de marzo de 2004, dictó un auto de ejecución y embargo por las cantidades que debía recibir, entre otros clubes, del Real Madrid.