Carmen M. Gutiérrez | Jueves 28 de febrero de 2008
El Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad dejó de patrullar por la Cañada Real Galiana aproximadamente un mes después de que el dispositivo acudiese a la zona para evitar nuevos asentamientos por orden del Gobierno regional. Ésta fue la única medida que tomó el Ejecutivo de Esperanza Aguirre ante los disturbios sucedidos en octubre, la construcción de viviendas al margen de la ley y la situación de abandono institucional de este poblado.
El dispositivo, organizado por las consejerías de Medio Ambiente y Economía, tenía como objetivo evitar que se construyeran más casas y controlar los vertidos o quemas incontroladas que pudiesen darse en la zona, y estaba compuesto por varios vehículos, con dos agentes cada uno, que patrullaban en dos turnos.
Sin embargo, aproximadamente un mes después el dispositivo se disolvió, según recuerdan los responsables sindicales de SAFTAM y CCOO. De esta manera, los agentes volvieron a patrullar como habían hecho hasta entonces en esta zona, esporádicamente y principalmente por los terrenos sin urbanizar, indica Francisco Javier Cabezos, delegado sindical de CCOO.
Un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente aseguró a Madridiario que los guardabosques tienen la orden de patrullar por la Cañada, y matizó que "la orden no es de frecuencia, sino de presencia".
Según explica el secretario general de SAFTAM, Gregorio Palomo, durante un tiempo estuvieron recibiendo de la Jefatura del Cuerpo órdenes concretas con el personal que debía patrullar y horarios por días, pero llegó un momento en que dejaron de recibirlas y así acabó el calendario del dispositivo especial.
"No tenía sentido"
No obstante, los agentes forestales opinan "que no tenía sentido alguno su presencia allí", en palabras del secretario de SAFTAN. "No había una relación directa con nuestra función medioambiental, era más un problema de inseguridad". Asimismo, Cabezos argumenta que entre sus competencias está la de vigilar las cañadas reales, pero en lo referido al medio natural y ganadero, situación que ya no tiene la parte habitada de la Cañada.
Además, ambos representantes sindicales sugirieron que la decisión de enviarlos a la Cañada Real Galiana se debió a la presión mediática para que el Gobierno regional tomase parte en su gestión, tras los incidentes ocurridos en octubre cuando la policía se disponía a desalojar de sus viviendas a algunos vecinos, al tratarse de construcciones ilegales.
Las dimensiones del problema implicaron a varios municipios, la Delegación del Gobierno y la Comunidad de Madrid. Ésta por su parte reconoció únicamente que era su responsabilidad salvaguardar la integridad de las cañadas reales y decidió reforzar la presencia de los agentes forestales.
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