El PSOE denunciará a Aguirre si continúa "bloqueando la tarea de los forestales"

El Grupo Socialista de la Asamblea está estudiando denunciar a Esperanza Aguirre ante el Tribunal Constitucional "si sigue bloqueando la tarea de los forestales". El TC suspendió cautelarmente el artículo 9 de la Ley de Modernización regional tras el recurso de Medio Ambiente.

Según el portavoz de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid, José Quintana, las notas internas remitidas por el Área de Desarrollo del Plan Forestal de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio al jefe del Cuerpo de Agentes Forestales el 7 de febrero de 2008 revelan que se sigue solicitando autorización a los propietarios privados de monte para que los guardabosques puedan realizar sus funciones de inspección y control.

A su juicio, éste es un requisito que va "totalmente en contra de la resolución del Tribunal Constitucional", lo que supone "una clara y continuada insumisión al alto tribunal". "Es especialmente grave que un gobierno actúe al margen de la ley, como ocurre con la Comunidad, y si Aguirre no está de acuerdo con la suspensión cautelar del Constitucional y no piensa cumplir con lo que le ordena, que lo diga y asuma las consecuencias políticas, penales y administrativas que correspondan",lamentó Quintana.

Para Quintana, "Esperanza Aguirre se encuentra inmersa en su particular campaña electoral por ser la "lideresa" de la derecha española y ha abandonado los problemas de los madrileños. Esta limitación a las actuaciones de los agentes forestales, que fue suspendida por el Tribunal Constitucional, es un grave obstáculo para la protección de nuestro entorno natural y pone en peligro las tareas de prevención de incendios y vigilancia de delitos contra el medio ambiente, que es lo que realmente le debería interesar y no la reinauguración de hospitales o la tercera o cuarta presentación del mismo camión de bomberos", concluyó.

Respuesta del Gobierno regional
La Comunidad de Madrid negó este jueves que los agentes forestales tengan que pedir autorización judicial para acceder a fincas privadas, desde que se produjo la suspensión cautelar del artículo 9 de la Ley de Medidas Urgentes, y acusó al PSOE de mentir y de confundir autorización judicial con formulario administrativo. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio recordó que cuando un propietario pide una autorización de poda o quema de rastrojos solicita al titular de la finca que complete voluntariamente un formulario dando su permiso para el acceso y la inspección de sus terrenos, para comprobar que los trabajos de poda o quema se pueden realizar sin peligro. "En ningún caso se les exige a los agentes forestales que porten ese formulario", insistió.

 Este requisito, que sirve para completar cada uno de los más de 4.000 expedientes de quema de rastrojos que se realizan cada año de media en fincas privadas durante la campaña de prevención de incendios, responde a los principios de prudencia administrativa, respeto a la propiedad privada y educación hacia los propietarios. La Comunidad lamentó que el PSOE intente "hacer política incendiaria y poner trabas" a unos trabajos tan importantes como son los de limpieza de montes, fundamentalmente de corta, poda y desbroce, que se llevan a cabo en una superficie cercana a las 1.700 hectáreas y que sirven para evitar los incendios en verano.