Así consta en uno de los documentos, a los que tuvo acceso Europa Press, aportados por la propia Consejería de Sanidad a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en el procedimiento abierto sobre la reclamación de indemnizaciones del doctor Luis Montes, ex coordinador de las Urgencias del Severo Ochoa, y del personal que estaba a su cargo. Lamela decidió destituir a Montes y a su equipo el 11 de marzo de 2005 a raíz de las denuncias anónimas.
Entre otros documentos, el equipo jurídico del doctor Montes utilizará este escrito para sustentar la demanda que prevé presentar contra la Consejería de Sanidad por denuncia falsa. Canalda trasladó el 24 de mayo de 2005 al Juzgado de Instrucción número 7 de Leganés el informe dictado por un Comité de Expertos nombrado por el entonces departamento de Lamela, en el que se daba cuenta de la existencia de 73 casos de mala praxis médica en el hospital de Leganés.
El documento que revela ahora que Lamela y Canalda tenían pleno conocimiento de que los hechos habían sido ya investigados se refiere a un escrito remitido por el actual Defensor del Menor al ex consejero de Sanidad sobre los antecedentes de las denuncias formuladas. Según el informe, fechado el 8 de marzo de 2005, la Dirección General de Calidad investigó los hechos en 2003 a raíz de un informe del 17 de junio de ese año de la Comisión de Mortalidad del Hospital Severo Ochoa.
El gerente del hospital en aquella época, Jesús Rodríguez Fernández, solicitó a la entonces directora general del Instituto Madrileño de Salud (IMSALUD), Leticia del Moral, una auditoría tras detectar "algunos casos de muerte en posible relación con el tratamiento farmacológico, todos con el propósito de sedación terminal".