MDO/Efe | Lunes 18 de febrero de 2008
Los trabajadores inmigrantes cobran un 30 por ciento menos que los autóctonos a pesar de que su aportación a la Seguridad Social ronda los 2.000 millones de euros anuales, lo que supone 23 veces más de lo que el Gobierno de la Comunidad de Madrid invierte en políticas migratorias en el Presupuesto regional.
Así se recoge en el informe que ha elaborado CCOO de Madrid sobre la situación de la población inmigrante trabajadora en la región y que sustenta la campaña "Diferencia en el origen, igualdad en el trabajo" que se difundirá en los centros de trabajo, especialmente de construcción, servicios, y hostelería y comercio.
Esta campaña de sensibilización consta de 100.000 dípticos, 30.000 carteles y un DVD con los que el sindicato pretende, entre otras medidas, transmitir una imagen "positiva" de la inmigración y garantizar la plena integración de todos los trabajadores frente a planteamientos y discursos "catastrofistas". El secretario general de CCOO de Madrid, Javier López, y la secretaria de Política Social, Ana González, han hecho este lunes un análisis de la situación laboral y social de los casi 900.000 extranjeros empadronados en la región (14 por ciento) y han negado "el mito" de que la Comunidad es "un coladero" de inmigrantes.
Ambos han incidido en que la importante aportación de este colectivo al empleo y al crecimiento económico de la región no sólo no ha sido recompensada sino que ha generado una situación de "discriminación". Rumanía, Ecuador, Marruecos, Colombia y Bolivia son los principales países de procedencia de los inmigrantes asentados en la región, en su mayoría jóvenes (32 años de media) y "con pretensiones de trabajar".
Trabajan en los sectores "que han sido abandonados por los españoles" -construcción y servicios, principalmente-, con alta temporalidad (uno de cada dos inmigrantes tiene empleo temporal) y bajos salarios que llegan a ser hasta de un 30 por ciento menos que los autóctonos. Los inmigrantes, además, son mucho más vulnerables en términos de empleo y "son los primeros en ser expulsados del mercado laboral en un momento de recesión económica como la actual", ha dicho López, que ha fijado en un 31 por ciento el incremento que ha experimentado el desempleo en este colectivo.
Pese a ello, su aportación a la Seguridad Social alcanza los 2.000 millones de euros anuales, lo que supone un tercio del presupuesto regional sanitario, la mitad del presupuesto educativo y 23 veces más que lo que el Gobierno regional invierte en políticas migratorias. El colectivo inmigrante, además, ha contribuido a retrasar la desaceleración en el sector inmobiliario al estar adquiriendo el 23 por ciento de los pisos de segunda mano en venta.
Para López esta realidad "no tiene vuelta atrás" y los inmigrantes "necesitan algo más que casas regionales": su plena integración laboral y social. Propone para ello un Pacto regional por la Inmigración y la creación de una comisión tripartita laboral de carácter permanente integrada por la Comunidad de Madrid, los agentes sociales y con la participación de la Delegación del Gobierno y la Inspección de Trabajo.
Reclama además un control y mejora de las condiciones de trabajo de los inmigrantes; luchar contra el empleo irregular; elaborar diagnósticos periódicos sobre presencia migratoria; y el funcionamiento "efectivo" del Foro Regional de la Inmigración. Según las estimaciones del sindicato, en la Comunidad de Madrid podría haber entre 100.000 y 150.000 inmigrantes en situación irregular, y calcula que unos 180.000 trabajadores residentes (con papeles) no están dados de alta en la Seguridad Social.