La Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Madrid decidió este martes suspender hasta el próximo 25 de marzo su decisión sobre si inicia el juicio por el "caso del ácido bórico" o si decreta el sobreseimiento de esta causa a la espera de conocer los fundamentos jurídicos de la sentencia del Tribunal Supremo que condenó al ex presidente de la Cámara Vasca Juan María Atutxa con la única acusación de la acción popular. Hasta el momento sólo se conoce el fallo de esa sentencia.
La condena contra el ex dirigente vasco supuso una reinterpretación de la doctrina adoptada anteriormente por el alto tribunal en relación al 'caso Botín', que evitó que llegara a celebrarse un juicio contra el presidente del Grupo Santander, Emilio Botín por el denominado "caso de las cesiones de crédito". El Tribunal Supremo argumentó entonces que no es posible la apertura de juicio oral cuando se cuenta únicamente con la acusación ejercida por la acción popular.
Esta apreciación, denominada como 'doctrina Botín', fue empleada hoy por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que, en el turno de exposición de cuestiones previas, solicitaron a la Sala el sobreseimiento de la causa contra cuatro altos mandos policiales, entre ellos al comisario general de la Policía Científica, Miguel Angel Santano, por el denominado "caso del ácido bórico", alegando la ausencia de acusación fiscal o particular.
Junto a Santano, se sentaron hoy en el banquillo el secretario general, Pedro Luis Mélida, el jefe de la Unidad de Análisis, José Andradas y el jefe de la Sección de esa unidad, Francisco Ramírez. Todos ellos están acusados de tres delitos de falsedad documental, falso testimonio y, en el caso de Santano, también por encubrimiento.
Presuntamente ordenaron corregir de forma fraudulenta un informe que relacionaba el hallazgo de ácido bórico en el domicilio del procesado por el 11-M Hassan el Haski con la organización terrorista ETA, eliminando la alusión a la banda terrorista.
En contra de la postura defendida por los servicios jurídicos del Estado, las asociaciones que ejercen la acusación popular --Sindicato Manos Limpias, Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT)-- solicitaron la apertura del proceso al tribunal, presidido por el magistrado Alberto Jorge Barreiro.
Tras una deliberación de diez minutos, la Sala consideró "absolutamente imprescindible conocer la sentencia del 'caso Atutxa'", que, según explicó el propio magistrado, "se hará pública la semana que viene", según las informaciones que obran en su poder. "Sería un absurdo acordar el sobreseimiento o la apertura de juicio antes de conocer los matices de esa sentencia", añadió Barreiro, cuya decisión no recibió ninguna protesta de ninguna de la partes.