No tenía permiso judicial de acceso a la vivienda y no pudo realizar la obra
MDO | Jueves 31 de enero de 2008
Un funcionario de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Julio César Santos García, se presentó este jueves a las 9.30 horas en casa de la denunciante del actual viceconsejero de Transportes y anterior responsable de Urbanismo, Luis Armada, para derruir un muro de su vivienda construido sin licencia hace años.
No obstante, el hombre, que según la propietaria de la casa, Margarita Botija, es miembro de la Competencia Jurídica de Urbanismo, apareció en las inmediaciones de la vivienda con gafas de sol y una gorra, con un acta con sentencia firme para la ejecución del derribo. Sin embargo, al no contar con autorización para entrar en la vivienda, cuatro agentes de la Policía Municipal que habían llamado como testigos no firmaron el atestado y finalmente, no se realizó ningún derribo.
Al lugar también se desplazó el abogado de Margarita Botija, quien subrayó que no se oponen al derribo ya que está respaldado por sentencia judicial, pero sí a que el funcionario entrara ilegalmente en el recinto. Asimismo, criticó la cuantía fijada por Urbanismo a pagar por la mujer en concepto de las obras, que asciende a 5.800 euros.
Por su parte, Botija alegó que este muro es legal y mostró un documento de un técnico del Ayuntamiento, a fecha de 18 de julio de 2003, en el que se manifiesta que "el cerramiento efectuado no necesita de proyecto firmado por técnico competente dadas sus características, altura, ausencias de elementos estructurales, tales como cargaderos, tipo de cimentación, etc.".
Sin embargo, la ejecución de derribo cuenta con sentencia judicial para efectuarse. Margarita se mostró "muy indignada", pues acusó a un compañero del funcionario que se presenció esta mañana en su domicilio, de entrar en su casa hace años para pedirle dinero por una obra que realizó años atrás. "Me pidieron 99.990 euros en mano", explicó.
Además, "la competencia de las obras le corresponde a la Junta Municipal de Chamartín, distrito en que estos señores cooperan para la venta de las licencias", dijo Botija. Con todo ello, la mujer acusó al Consistorio porque considera que el terreno donde está su vivienda es propiedad privada y no pública como ellos dicen, para cuya argumentación enseñó una orden de arreglo de una alcantarilla frente a su casa y una carta del jefe de departamento de conservación de vías públicas, Juan de las Heras Azcona, fechada en el año 2000.
Propiedad de los vecinos
La carta expone: "Los terrenos de las fincas pares de la calle Manuel Ferrero y hasta el bordillo de la calle, son propiedad, hoy por hoy, de los vecinos y no se ha ejecutado por ningún servicio de obras porque estos terreros han estado siempre en un ámbito sujeto a planeamiento que aún no se ha llevado a cabo".
Además, la mujer denunció "una persecución constante de sanciones indebidas" desde que ocupara su casa, en el año 1984, mostrando, como ejemplo, un documento donde se le acusa de "incumplimiento de normas de seguridad" en 2004.
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