MDO/Agencias | Miércoles 30 de enero de 2008
La sentencia sobre el caso del Hospital Severo Ochoa sigue creando reacciones políticas opuestas. Mientras que los socialistas apoyan al doctor Luis Montes, como hizo este miércoles el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y piensan que los médicos destituidos deberían ser readmitidos, el PP mantiene que se hizo "lo que debía" y que los tribunales "dicen que se hizo bien al investigar", según Esperanza Aguirre.
Zapatero afirmó que el hecho de que no se haya restituido en su cargo a los médicos del Severo Ochoa, la sentencia no haya producido "responsabilidades políticas" en la Comunidad de Madrid, ni se les haya pedido perdón a los profesionales destituidos es una muestra "del estilo de actuar de una derecha cada vez más reaccionaria, más conservadora y más alejada de lo que piensan la mayoría de los madrileños".
Por su parte, el ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, insistió este miércoles en pedir a Esperanza Aguirre que "se disculpe" por el caso de las sedaciones en el Hospital Severo Ochoa porque, a su juicio, lo que ha hecho el Gobierno regional es "intervenir directamente en la relación médico-enfermo", algo que según Soria, "ni Franco se atrevió a hacer". Soria cree que este caso "perjudica al sistema nacional de salud".
Ante estas acusaciones, la presidenta de la Comunidad de Madrid tachó de "disparate" las declaraciones del ministro, a la vez que explicó que la Comunidad de Madrid "no ha sido ni es parte en este proceso" sino que "se limitó a dar cauce a las denuncias hechas por particulares y asociaciones de pacientes". Según Aguirre, el Gobierno autonómico se limitó a pedir "que se investigase lo ocurrido". Aguirre reiteró que su Gobierno ha hecho "lo que debía" y que los tribunales "dicen que se hizo bien al investigar". Así, recordó que existe una "sentencia en firme" en la que se determina que el responsable del servicio, el doctor Luis Montes, un "cargo de confianza" que fue destituido a raíz de las muertes en el hospital, "está bien cesado".
También el secretario general del PP en Madrid y consejero de Interior del Gobierno regional, Francisco Granados, respondió al ministro al afirmar que "el sistema nacional de salud ya quisiera estar como el sistema de salud de Madrid con ocho nuevos hospitales".
Por su parte. la asociación El Defensor del Paciente solicitó al ministro de Sanidad el cumplimiento de la Ley o su modificación para que los pacientes en estado terminal puedan elegir si morir con o sin sedación terapéutica. La presidenta de la organización, Carmen Flores, remitió un escrito a Soria en el que le explica que después "del circo político" que se ha suscitado con el archivo del caso "es hora de que se cumpla la Ley existente o se modifique la misma ajustándola a la voluntad y deseo del paciente".
Montes se defiende
El ex coordinador del servicio de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés, Luis Montes, en un programa de radio, aseguró que desde que se desató la crisis de las supuestas sedaciones irregulares en el centro, hace ya tres años, se han llevado a cabo malas prácticas médicas en el hospital en lo que se refiere al tratamiento de los síntomas de los enfermos terminales.
Estas afirmaciones fueron apoyadas por la enfermera Maribel Teiguell, quien apuntó que fue "muy duro" ver, tras la destitución de Montes, cómo los pacientes "morían solos, mal sedados o poco sedados y sin su familia". La enfermera explicó que durante el tiempo que se ha mantenido abierta la crisis ha luchado por derechos que, en tepría, se habían conseguido hace 30 años y resaltó que el único objetivo que ahora pretende alcanzar es que los ciudadanos de toda España entiendan que "se ha conculcado un derecho fundamental del individuo" porque, a su juicio, si se va a morir, hay que hacerlo de la forma más "tranquila y dulce posible".
Por otro lado, el secretario general de CC.OO. de Madrid, Javier López, aseguró este miércoles que el ex consejero de Sanidad y actual responsable de Transportes de la Comunidad, Manuel Lamela, "debería dimitir" tras conocerse el archivo del 'caso Severo Ochoa', y afirmó que, si no tiene "la decencia" de hacerlo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, debería cesarlo. Precisamente, la presidenta del ejecutivo madrileño ha declarado que Lamela "tiene poco que decir en este asunto".
López cree que este caso sólo ha servido para distraer a los madrileños del "deterioro de la sanidad pública y de su progresiva privatización", además de provocar "más de dos años de represión y marginación personal y profesional de todo un colectivo".
En ese sentido, se dirigió al actual consejero de Sanidad, Juan José Güemes, para decirle que "en vez de hacer propaganda" lo que tiene que hacer es "sentarse a negociar un acuerdo sanitario que dé respuestas a las necesidades sanitarias de Madrid, para proporcionar recursos, inversiones y personal a la red pública".
Con ello respondía a Güemes, quien había desmentido que los especialistas del dolor, médicos de cuidados paliativos y anestesistas de Madrid hayan dejado de realizar sedaciones a pacientes moribundos o terminales por temor a las represalias tras el caso Severo Ochoa. Güemes negó categóricamente las afirmaciones del destituido doctor Montes que aseguraba que el caso de supuestas sedaciones irregulares hubiera causado desconfianza en los médicos y los pacientes. El consejero de Sanidad también señaló que el auto de la Audiencia Provincial "no excluye que hubiera unas prácticas que no debían haberse llevado a cabo en las urgencias de Leganés". También Francisco Granados, había indicado que la sentencia "no dice que no haya habido mala praxis, lo que dice es que dado que esa mala praxis no tiene consecuencia desde el punto de vista penal, quítese la palabra mala praxis de la sentencia".
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