El Ministerio de Juventud e Infancia y las comunidades autónomas han aprobado este jueves, en el marco de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, el reparto de 35 millones de euros destinados a la atención de menores migrantes no acompañados. El acuerdo salió adelante con la ausencia de Castilla y León, Aragón y Extremadura, gobernadas por consejeros de Vox, y con la abstención de la Región de Murcia.
La reunión, celebrada en el Ministerio de Política Territorial, también ha servido para abordar la creación de un registro unificado de datos sobre violencia contra la infancia y el desarrollo del proyecto Barnahus, destinado a la atención integral de menores víctimas de violencia sexual.
Según el Ministerio, Cataluña, La Rioja, Murcia, Canarias, la Comunidad de Madrid y Ceuta participaron de forma presencial, mientras que el resto de comunidades lo hicieron por vía telemática. Castilla y León, Aragón y Extremadura fueron las únicas que no asistieron.
Desde el departamento que dirige Sira Rego restaron importancia a esas ausencias en el desarrollo de la reunión, aunque aseguraron que reflejan "su falta de interés por los derechos de la infancia y su nula voluntad de trabajar". Tras el encuentro, la ministra fue más allá y se preguntó si la ausencia de los consejeros de Vox respondía a un caso de "absentismo laboral" o de "pura vagancia y desinterés", al tiempo que cargó contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Respecto al reparto de fondos, Rego celebró que la propuesta saliera adelante con el respaldo de la práctica totalidad de las comunidades, pese al "bastante ruido" generado durante el debate y a acusar al PP de estar "copiando la agenda de políticas racistas".
La ministra también criticó la postura de la Comunidad de Madrid, que consideró insuficiente la financiación asignada. "Lo que no es consistente es venir a una Conferencia Sectorial a pedir más financiación mientras se vota en contra de las medidas que aumentan la financiación autonómica", reprochó, en alusión al rechazo del PP al techo de gasto y a la quita de deuda.
Durante su comparecencia, la titular de Juventud e Infancia aseguró además que la Comunidad de Madrid "se niega sistemáticamente" a remitir información sobre los menores atendidos en su sistema de acogida, pese a que los informes reflejan "un 30 por ciento menos de niños migrantes no acompañados" en la región durante el último año.
"Es muy difícil trabajar cuando hay comunidades autónomas que se niegan a dar la información"
La ministra también destacó los avances en la creación del Registro Unificado Central de Violencias contra la Infancia, que calificó de "instrumento muy potente" para coordinar la información de las distintas administraciones y mejorar la protección de los menores. Asimismo, puso en valor el modelo Barnahus, que ya dispone de 18 centros en España, catorce de ellos en Cataluña. "Se ha demostrado que es un instrumento eficaz, primero para acompañar a niños y niñas y sobre todo con esta perspectiva de infancia en la justicia que nos parece absolutamente clave y que evita la revictimización", señaló.
La consejera de Bienestar Social de Canarias, Candelaria Delgado, reclamó al Gobierno central un incremento de los fondos destinados a la acogida de menores migrantes y la continuidad de la declaración de contingencia migratoria en el archipiélago.
Delgado defendió que la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado no debe impedir nuevas aportaciones económicas y recordó que el Ejecutivo ya aprobó anteriormente una partida extraordinaria de 100 millones de euros para aplicar la reforma de la Ley de Extranjería. Además, subrayó que Canarias sigue acogiendo "en tres veces" el número de menores que le correspondería según el reparto obligatorio, aunque reconoció que la presión asistencial se ha reducido en el último año.
Por su parte, la consejera madrileña de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, acusó al Gobierno de carecer de una estrategia para atender a los menores migrantes y de aplicar medidas "absolutamente improvisadas" mediante "repartos forzosos". También calificó de "absolutamente insuficiente" la financiación aprobada.
"El Gobierno de España lo que quiere es utilizar a estos menores con un mero interés político, excluyendo del reparto deliberadamente a comunidades autónomas como el País Vasco y Cataluña", afirmó Dávila, quien calificó la gestión del Ejecutivo de "caótica y absolutamente deshumanizada".
"El Gobierno de España lo que quiere es utilizar a estos menores con un mero interés político"
La consejera también cargó contra la política migratoria del Gobierno al considerar que mantiene a los menores "en manos de las mafias del tráfico de personas". "No se me ocurre, desde luego, nada más racista que el Gobierno de España siga con esta política migratoria del caos que utiliza a las personas como paquetes", añadió.
Aunque Madrid respaldó finalmente el reparto de los 35 millones de euros —de los que recibirá alrededor de 3,6 millones—, Dávila explicó que lo hizo para no perder esa financiación, si bien insistió en que se trata de unas cantidades "congeladas" por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado.