La Comunidad de Madrid ha ejecutado el derribo de 17 construcciones ilegales en Fuente el Saz de Jarama en menos de un año, al haber sido edificadas sobre terrenos protegidos. De ellas, cinco se han demolido mediante ejecución subsidiaria y las otras doce han sido retiradas de forma voluntaria por sus propietarios.
Esta actuación forma parte del Plan de Inspección y Disciplina Urbanística 2025-2029 de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, a través de la Dirección General de Urbanismo, con el objetivo de hacer frente a la proliferación de edificaciones irregulares levantadas en áreas de especial protección ambiental de este municipio.
Durante las últimas semanas se han llevado a cabo 12 demoliciones correspondientes a dos intervenciones distintas. La primera se desarrolló el pasado 24 de junio, cuando se procedió al derribo de tres construcciones situadas en una parcela catalogada por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio como Suelo No Urbanizable de Protección Fáunica.
🏘️ La Comunidad de Madrid actúa sobre edificaciones ilegales en #FuenteElSazDeJarama para preservar el suelo protegido de la región.
✅ Son dos actuaciones que han supuesto el derribo de 12 inmuebles sobre zonas de especial protección ambiental.
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Además, estos terrenos se encuentran afectados por la Vereda de San Agudín, una vía pecuaria que cuenta con una protección específica, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado.
El dispositivo contó con la colaboración del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid y con un operativo de la Guardia Civil, integrado por efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y patrullas de Seguridad Ciudadana.
La segunda intervención tuvo lugar el pasado 9 de julio y consistió en la demolición de nueve edificaciones ubicadas en Suelo No Urbanizable de Protección Edafológica y Paisajística. Se trata de un entorno agrícola de elevado valor paisajístico y con una alta sensibilidad freática, lo que provoca que cualquier vertido pueda contaminar las aguas subterráneas.
Asimismo, se han efectuado 179 inspecciones, se han incoado 74 expedientes urbanísticos y 69 sancionadores, se han tramitado 85 requerimientos de información, 326 diligencias previas y 18 expedientes de ejecución subsidiaria.
La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior ha recordado que las edificaciones ilegales en suelo no urbanizable ponen en grave riesgo la protección del territorio, contribuyen al deterioro de espacios de elevado valor ambiental y provocan situaciones de inseguridad jurídica para la ciudadanía.
Por este motivo, el Ejecutivo autonómico ha reiterado su compromiso con la defensa de la legalidad urbanística, la conservación del entorno natural y la lucha contra la ocupación irregular del suelo rústico.