La Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid ha rechazado conceder al Ayuntamiento de Madrid la autorización judicial para acceder a la vivienda de uno de los tres residentes que continúan en los Apartamentos para Mayores San Francisco, con el objetivo de ejecutar su desalojo temporal y llevar a cabo trabajos de conservación y rehabilitación en el inmueble.
La resolución, consultada por Europa Press, determina que el Consistorio no ha presentado una acreditación técnica suficiente que pruebe que las actuaciones requieren que el edificio permanezca totalmente desocupado y recuerda que una autorización de entrada en un domicilio no puede otorgarse como "un mero automatismo formal".
El auto, fechado el 2 de julio de 2026 y recurrible en apelación, señala que en este procedimiento "no se discute el derecho de ocupación o de residencia del demandado", sino "su suspensión o baja temporal" durante catorce meses, el plazo previsto para la ejecución de las obras.
La solicitud municipal se enmarca en el proyecto destinado a corregir las deficiencias detectadas en el edificio de apartamentos para mayores, ubicado en el número 1 de la calle Jerte. La documentación presentada describe un inmueble "en un estado muy envejecido" y con "patologías estructurales", entre ellas la carbonatación de los hormigones y la corrosión de las armaduras. Asimismo, el expediente hace referencia a "grandes problemas" en los sistemas de climatización y ventilación, humedades en diferentes estancias, filtraciones en la cubierta y acabados "muy deteriorados por el uso".
Además, el Ayuntamiento considera preciso adaptar el edificio, "en la medida de lo posible", a la normativa de seguridad contra incendios, especialmente en lo relativo a la evacuación, "debido al grado de vulnerabilidad de sus ocupantes".
El principal argumento esgrimido por el Ayuntamiento para justificar el desalojo aparece recogido en una nota interna de la Dirección General de Arquitectura y Conservación del Patrimonio, fechada el 21 de abril de 2025.
En ese documento se sostiene que "el inicio de las obras contempladas en el proyecto no puede tener lugar si el edificio no se encuentra completamente libre de ocupantes".
No obstante, el juzgado entiende que esa afirmación "no se encuentra suficientemente justificada". "No consta en el expediente administrativo ni en la documentación disponible o facilitada que exista un informe de naturaleza técnica" en el que se expliquen las razones por las que resulta "imperativa" la necesidad de vaciar por completo el inmueble, señala el auto.
✊ ALEJANDRO SE QUEDA
Un auto judicial impide al Ayuntamiento de Madrid su desalojo de los pisos para mayores en #LaLatina. La vivienda es un derecho que se defiende barrio a barrio.
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El magistrado subraya además que "no nos encontramos ante un supuesto de demolición o de ruina inminente", circunstancias que, según indica, justificarían "indudablemente un desalojo".
La resolución tampoco estima acreditado que las obras sean incompatibles con la permanencia del residente en el edificio. En este sentido, considera que no ha quedado descartada la posibilidad de hacer compatibles los trabajos de rehabilitación con la estancia del afectado en su vivienda.
"No consta informe de naturaleza pericial o técnica que detalle los riesgos asociados a la presencia de un residente en el inmueble o se determine la imposibilidad manifiesta de ejecución de las obras a menos que el mismo se encuentre completamente libre de ocupantes", afirma.
Para el juzgado, el Ayuntamiento debería haber aportado "al menos un principio de prueba más sólido y evidente que la mera referencia al contenido de una nota interna". "Por lo tanto, la suspensión temporal del derecho de residencia carece de acreditación técnica suficiente", concluye el magistrado.
La decisión judicial afecta a uno de los tres residentes que permanecían en los apartamentos después de que la Policía Municipal ejecutara el pasado 29 de mayo el desalojo de un cuarto ocupante, para el que el Ayuntamiento sí había obtenido autorización judicial.
Hasta ese momento seguían viviendo en el edificio cuatro personas, todas inmersas en procedimientos judiciales distintos. Tras el desalojo autorizado en mayo, quedaron tres residentes pendientes de que se resolvieran sus respectivos procesos.
"Esto no es una buena gestión, es opacidad, insensibilidad e irresponsabilidad política"
El origen de esta situación se remonta a 2024, cuando el Ayuntamiento comunicó a los 61 usuarios del equipamiento público asistencial que debían abandonar de forma temporal el inmueble para acometer una reforma integral. La mayor parte aceptó las alternativas residenciales ofrecidas, mientras que cuatro personas rechazaron abandonar el edificio y el Consistorio acudió a los tribunales en junio de 2025.
El Ayuntamiento estimó entonces una inversión de 3,8 millones de euros para estas actuaciones. Asimismo, aseguró que los residentes podrían regresar al mismo apartamento y mantener las mismas condiciones económicas una vez finalizadas las obras.
La concejala del PSOE en el Ayuntamiento, Ana Lima, ha afirmado que el auto judicial "deja en evidencia" al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, al que ha reprochado haber desalojado a personas mayores de sus viviendas "cuando no había un informe técnico que lo avalara".
"Ni había riesgo de ruina inminente, ni había riesgo de demolición, ni tampoco había un informe técnico que avalara que no se podían hacer las obras con las personas dentro. Y, sin embargo, solo con una nota interna se decidió arrancarles de sus hogares", ha manifestado.
Lima ha acusado al alcalde de actuar con la "máxima dureza" hacia los vecinos y ha sostenido que las personas afectadas, en su mayoría autónomas según la concejala, fueron derivadas a residencias sin que se analizaran otras alternativas acordes con sus circunstancias. "Esto no es una buena gestión, es opacidad, insensibilidad e irresponsabilidad política", ha aseverado la socialista en declaraciones remitidas a los medios.
La edil ha pedido explicaciones acerca de quién tomó las decisiones y por qué se actuó, a su juicio, sin disponer de un informe que las respaldara. "¿Había otros intereses? Desde luego, no se empieza expulsando a las personas mayores y luego se busca un argumento", ha señalado, para concluir que "hay que pedir responsabilidades".
El Ayuntamiento de Madrid está valorando presentar un recurso contra el auto que rechaza autorizar la entrada en uno de los apartamentos municipales San Francisco para personas mayores con el fin de ejecutar el desalojo temporal de su ocupante. El Gobierno municipal sostiene que el edificio presenta "un problema de seguridad" y defiende la necesidad de acometer las obras de conservación y rehabilitación previstas.
"A nuestro juicio hay problemas técnicos que afectan a la estructura y a la seguridad del inmueble"
Así lo ha anunciado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante un acto celebrado en Pozuelo, donde ha reiterado que el Consistorio mantiene que existen motivos técnicos que justifican el desalojo temporal del inmueble.
"A nuestro juicio hay problemas técnicos que afectan a la estructura y a la seguridad del inmueble", ha insistido Almeida, que ha apostillado que "es cierto que ayer hubo un auto del juez que no dio la razón al Ayuntamiento pero también es cierto que ha habido dos autos de dos jueces diferentes que sí lo han hecho y que han permitido que los vecinos se pudieran ir".
El alcalde también ha querido trasladar un mensaje al residente afectado, al que ha garantizado que el Ayuntamiento mantendrá las condiciones ofrecidas al resto de usuarios del edificio durante el proceso de rehabilitación.
"Al usuario de ese apartamento le vamos a dar una alternativa, como ya se la ha dado a la mayoría de los vecinos de los apartamentos, que va a poder volver a él sin incremento de renta, sin pérdida de ningún tipo de derechos", ha afirmado.
Asimismo, ha defendido que la actuación municipal responde exclusivamente a razones de seguridad y ha pedido al residente que comprenda la necesidad de abandonar temporalmente el inmueble.
"Creo que es razonable pedirle a ese usuario que entienda que esto no lo hacemos porque está garantizado que vamos a ejecutar las obras, que van a volver, con la misma renta, pero que hay un problema de seguridad", ha reiterado.
La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha reclamado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que permita el regreso de los residentes de los apartamentos municipales de San Francisco a sus viviendas y replantee el proyecto de rehabilitación del edificio tras la resolución judicial que ha rechazado autorizar el desalojo de uno de los últimos ocupantes.
"La victoria judicial señala una vez más la forma chapucera y hasta diría cruel de hacer las cosas de Almeida, y también su indolencia con las personas mayores", ha afirmado Maestre en declaraciones remitidas a los medios.
"El problema se ha enquistado durante dos años y ha terminado con un nuevo varapalo judicial contra el Ayuntamiento de Almeida"
La líder de la oposición municipal ha sostenido que el Gobierno local diseñó la rehabilitación del inmueble sin contar con los inquilinos y sin explorar alternativas que permitieran reducir el impacto de las obras sobre las personas mayores que residían en el edificio.
"Nuestros propios técnicos de Más Madrid confirmaron que se podía plantear la obra de manera diferente, por fases, como se hace en otra clase de edificios públicos, como hospitales u otros edificios municipales, buscando el menor impacto posible en los usuarios", ha explicado.
Maestre ha asegurado que la actuación municipal ha obligado a los inquilinos, personas mayores, a abandonar sus viviendas y permanecer fuera de ellas durante los dos últimos años. "Esto ha supuesto que hayan tenido que desplazarse forzosamente y así llevan dos años. Y no fue porque no hubiera otra opción", ha sostenido.
Asimismo, ha considerado que el conflicto se ha prolongado innecesariamente y ha recordado que la resolución judicial supone un nuevo revés para el Ejecutivo municipal. "Al final, el problema se ha enquistado durante dos años y ha terminado con un nuevo varapalo judicial contra el Ayuntamiento de Almeida", ha remarcado.
Por ello, la portavoz de Más Madrid ha instado al alcalde a aprovechar la resolución para revisar el proyecto de rehabilitación y facilitar el regreso de los vecinos a sus viviendas.
"Ya está bien de marear la perdiz. Esta sentencia debe marcar el regreso de todos los inquilinos a sus casas", ha manifestado Maestre sobre el auto, recurrible en apelación.