La Asociación de Inquilinos y Personas Afectadas por el Plan Vive ha reclamado este martes a la Comunidad de Madrid y a las empresas concesionarias de las promociones la creación de una mesa de diálogo y negociación para abordar las incidencias que, según denuncian, sufren los residentes de estas viviendas de alquiler asequible.
La petición ha sido presentada en una rueda de prensa junto a representantes de UGT Madrid y de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), donde los afectados han denunciado problemas constructivos, de mantenimiento y de gestión que, aseguran, se repiten en distintas promociones del programa.
La asociación, creada el pasado mes de febrero, afirma haber pasado de representar a una veintena de viviendas a cerca de 200, repartidas en diez promociones de ocho municipios madrileños. Según un estudio elaborado por la organización, en esos edificios se han detectado más de 130 tipos de incidencias.
Entre las deficiencias denunciadas figuran averías en instalaciones como la grifería o la aerotermia, problemas de climatización, deficiencias en el mantenimiento de las zonas comunes y casos de insalubridad derivados de plagas de ratas e insectos en algunas promociones.
El presidente de la asociación, Sergio Montero, ha asegurado que uno de los principales problemas es la falta de respuesta por parte de las empresas gestoras. Según ha explicado, los inquilinos únicamente pueden comunicar las incidencias por correo electrónico y muchas de ellas aparecen como resueltas sin que se hayan solucionado realmente.
Montero también ha criticado el coste final que, según afirma, están asumiendo muchos adjudicatarios. En su caso, ha explicado que una vivienda por la que esperaba pagar alrededor de 900 euros mensuales le supone finalmente unos 1.500 euros al sumar conceptos como plaza de garaje, trastero, comunidad, IBI o tasa de basuras.
El portavoz ha denunciado además que los contratos se firman con escaso margen de tiempo para revisarlos y ha lamentado que la Consejería de Vivienda haya rechazado reunirse con la asociación al considerar que la gestión corresponde a las empresas concesionarias.
Por ello, los afectados reclaman una mesa de negociación en la que participen la Comunidad de Madrid, las gestoras y los representantes de los inquilinos para buscar soluciones a las incidencias y mejorar la transparencia en la gestión del programa.
La reivindicación ha contado con el respaldo de la FRAVM y de UGT Madrid. Ambas organizaciones han reclamado una mayor supervisión pública de un programa desarrollado sobre suelo público y han criticado que, pese a las quejas de los residentes, ni la Administración regional ni las empresas hayan aceptado abrir un espacio de diálogo.
Tras las críticas de los afectados, la Consejería de Vivienda ha defendido el funcionamiento del Plan Vive y ha asegurado que se trata de una iniciativa que está permitiendo a miles de familias acceder a viviendas de alquiler a precios inferiores a los del mercado.
Desde el departamento que dirige Jorge Rodrigo han recordado que la gestión ordinaria de las promociones corresponde a las empresas concesionarias, que están obligadas por contrato a atender las incidencias y garantizar el mantenimiento de los edificios, mientras que la Comunidad supervisa el cumplimiento de esas obligaciones.
El Ejecutivo autonómico ha rechazado que exista una falta de implicación por su parte y ha sostenido que las incidencias denunciadas son casos puntuales que cuentan con mecanismos de seguimiento para su resolución. En este sentido, considera que esos problemas "no pueden empañar el éxito de un programa que está dando respuesta a miles de familias".
Respecto a las críticas por el coste de las viviendas, la Consejería ha señalado que citar importes concretos sin tener en cuenta factores como la superficie, el número de habitaciones o el municipio ofrece "una visión parcial" del programa.
Asimismo, ha recordado que la relación entre arrendador e inquilino se rige por la Ley de Arrendamientos Urbanos y que cualquier adjudicatario puede desistir del contrato en los términos previstos por la normativa si considera que la vivienda ya no se ajusta a sus necesidades. Los afectados, por su parte, sostienen que esa posibilidad implica asumir una penalización económica proporcional prevista en los contratos.