El Gobierno asignará a las comunidades autónomas 904 millones de euros para sufragar el nivel acordado del sistema de dependencia, una cuantía que se elevará hasta los 970 millones de euros al incluir los fondos que perciben los ejecutivos de Euskadi y Navarra a través del cálculo del cupo vasco y de la aportación navarra, respectivamente.
Así lo ha comunicado este lunes el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que elevará este asunto a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios como trámite previo a su aprobación por parte del Consejo de Ministros.
En este contexto, el departamento encabezado por Pablo Bustinduy ha señalado que, por segundo año consecutivo, se trata de la dotación más elevada registrada para esta partida, destinada a complementar la financiación de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia en cada comunidad autónoma, conforme "al cumplimiento de objetivos como la reducción de las listas de espera o la mejora del empleo en el sector".
Además, Derechos Sociales ha subrayado que "este nivel acordado fue eliminado en el año 2012 y no fue recuperado hasta el año 2021, cuando se dotó con 306,9 millones de euros y comenzó entonces una senda de crecimiento que alcanza ya los 970 millones de euros actuales".
El pasado 23 de junio, el Ejecutivo dio luz verde a un real decreto-ley que permitió duplicar las cantidades que el Estado transfiere a los gobiernos autonómicos por cada persona con un grado de dependencia reconocido.
La subida del nivel acordado, junto con la ampliación del nivel mínimo aprobada por el Gobierno, permitirá que en 2027 el Estado aporte un total de 7.239,4 millones de euros a las comunidades autónomas, alcanzando así el 50 por ciento de la financiación del sistema de dependencia.
Según ha sostenido el Ministerio, los gobiernos autonómicos dispondrán a partir de ahora de "la mayor financiación de la historia" para reducir y agilizar las listas de espera, mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras del sector, incrementar y reforzar los servicios destinados a las personas en situación de dependencia, impulsar inversiones en tecnología y ampliar prestaciones como la teleasistencia y la atención domiciliaria.
Asimismo, Derechos Sociales ha indicado que "otro objetivo fundamental" de este incremento de la financiación del SAAD consiste en "reforzar los recursos que reciben los gobiernos autonómicos para financiar los cambios estructurales que establece la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad, actualmente en fase de tramitación en el Congreso de los Diputados".
La norma incorporará nuevos modelos de convivencia colaborativa, así como sistemas de cuidados y apoyos en viviendas compartidas; productos de apoyo orientados a favorecer la autonomía, como sillas de ruedas eléctricas, andadores, camas articuladas o asistentes de voz, que estarán disponibles mediante préstamo o cesión temporal; servicios de teleasistencia personalizada para quienes lo soliciten y presenten mayores necesidades de apoyo; y una ampliación del servicio de ayuda a domicilio para que las personas beneficiarias puedan acudir acompañadas por sus cuidadoras a otras actividades, como asistir al médico o realizar la compra.