Las principales organizaciones empresariales de la enseñanza privada del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) han expresado su "profunda preocupación" por la propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes de reducir las ratios de alumnos por aula. A su juicio, la medida, si no va acompañada de una financiación adecuada, podría poner en riesgo la viabilidad de miles de centros y tener un fuerte impacto sobre el empleo y la oferta educativa.
En un comunicado conjunto, la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE), el Círculo de Empresas de Centros de Educación Infantil (CECEI), Escuelas Católicas, la Federación Nacional de Centros de Educación Infantil (FENACEIN), la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) y L'Associació Catalana de Llars d'Infants advierten de que la rebaja de ratios podría suponer el cierre de más de 5.000 escuelas infantiles privadas, la pérdida de alrededor de 60.000 puestos de trabajo y dejar sin plaza a cerca de 224.000 niños.
Las patronales sostienen que la red privada de Educación Infantil depende directamente del marco regulatorio en materia de ratios, estructura de costes y financiación, por lo que consideran que una reforma de esta envergadura podría comprometer seriamente la sostenibilidad de un sector que, aseguran, resulta esencial para garantizar la cobertura educativa de la etapa de 0 a 3 años.
Además, rechazan que las consecuencias se limiten al ámbito privado. Según explican, el sistema público no dispone actualmente de capacidad suficiente para absorber la demanda que atienden los centros privados, por lo que una reducción de la oferta podría generar problemas de acceso a la escolarización de los menores y dificultar la conciliación de miles de familias.
Las organizaciones empresariales insisten en que cualquier cambio estructural del sistema educativo debe abordarse desde el diálogo con todos los agentes implicados. En este sentido, reclaman al Ministerio la apertura de un proceso de negociación en el que participen desde el inicio tanto las organizaciones empresariales como los representantes sindicales.
Asimismo, hacen un llamamiento al conjunto de patronales del sector educativo privado para que se sumen a una posición común que permita defender los intereses de las escuelas infantiles ante la reforma planteada por el Gobierno.
Por último, reiteran su compromiso con la mejora de la calidad educativa y con el servicio que prestan diariamente a cientos de miles de familias, al tiempo que confían en que el Ministerio atienda su petición y abra "con la máxima urgencia" un espacio de diálogo basado en la transparencia, la corresponsabilidad y el consenso.
La reacción de las patronales se produce después de que el Ministerio planteara una reducción progresiva de las ratios máximas de alumnado en el primer ciclo de Educación Infantil, una medida que el Ejecutivo defiende como un paso para mejorar la calidad de la atención educativa y las condiciones de trabajo del personal docente.