Ha llegado el final de curso. Las alumnas, los alumnos de Iniciales, de Secundaria, de Español, del Centro de Educación de Personas Adultas de Parla (CEPA), celebran la fiesta de graduación. Decenas de mujeres y de hombres, de jóvenes, adultas, mayores, reciben sus diplomas, se calan sus birretes y se colocan sus bandas.
En las universidades, la fiesta de graduación es un momento importante de reconocimiento ante la culminación de un proceso formativo que ha requerido años de estudio, trabajo diario, esfuerzo individual, aprendizaje del trabajo en equipo, la cooperación. En otras ocasiones, las fiestas son aún mayores, pero sólo representan el premio recibido a cambio de un dinero pagado para obtener un título.
Hasta las escuelas infantiles, los centros de primaria, los de educación secundaria, los de formación profesional, los institutos, celebran este tipo de actos que marcan el final de un ciclo formativo. Sin embargo, cuando este acto de graduación se produce en un CEPA, adquiere otras connotaciones y nuevas lecturas.
Me lleno de orgullo cuando veo recoger sus diplomas a estas mujeres mayores, que han recorrido toda una vida de trabajo en una empresa, o/y en su domicilio familiar, sacando adelante la casa y a los hijos mientras su marido realizaba largas jornadas de trabajo. Es el momento de culminar, al cabo de los años, un nivel básico de formación primaria, o secundaria obligatoria. Y no es cualquier cosa, aunque pocas veces obtengan un gran reconocimiento.
Me lleno de orgullo cuando se ciñe la banda una joven apartada del instituto sin haber obtenido, no ya el Bachillerato, sino tan siquiera, la ESO. Han llegado a este nuevo entorno formativo, a este edificio-colegio, transformado en centro de adultos, tras pasar por muy diversas ubicaciones.
Se han encontrado con otras personas que no pudieron estudiar, o que lo intentaron y se quedaron en el camino, o que ahora necesitan un título para comenzar a defenderse en un nuevo empleo. Se han encontrado con mujeres mayores, algunas ya cerca de los 90 años. Y con mujeres de 40 que ya son abuelas y que nunca pisaron un colegio en su país de origen.
Dicen que en España hay casi 400.000 personas que se forman en centros de personas adultas. En unos casos asisten a cursos que permiten acceder a titulaciones en formación básica, alfabetización, enseñanzas iniciales, enseñanzas medias.
Otras personas buscan aprender el idioma español, o acceder a ciclos formativos de grado medio, o acceder a la universidad, superar las pruebas de cultura y conocimiento de la sociedad española. A veces sólo buscan aprender a escribir sus propios relatos, sus poesías, aprender a pintar, o adentrarse en el conocimiento del arte y su historia.
Parece evidente que la formación de personas adultas no cuenta con la publicidad, la promoción, de otro tipo de enseñanzas más vinculadas al sistema productivo y que, por lo tanto, son objeto de más tesis doctorales, jornadas, encuentros. En muchas ocasiones los CEPAS desaparecen hasta de las convocatorias de ayudas. Juegan en otro campo y cuesta reconocer su utilidad.
Muchas personas no podrían insertarse laboralmente sin contar con esta formación de personas adultas, personas que no cuentan con ella por diferentes motivos. Pero, además es que ayudan a enfocar de nuevo, a tener nuevas oportunidades de reconvertir tu profesión si pierdes el empleo. Permiten que muchas personas se abran al uso de las nuevas tecnologías. Hacen que personas jóvenes, mayores, inmigrantes, con distintas capacidades, convivan y se integren socialmente.
Los CEPAs libran una batalla diaria por la igualdad, contra la pobreza, dotando de herramientas para mejorar las vidas. Refuerzan a las personas frente a los problemas de salud mental que crecen en nuestras sociedades. Enseñan a participar democráticamente y evaluar las situaciones, los servicios, el empleo, los elementos que mejoran nuestras vidas, o las empeoran.
Un país que quiera ser más sano y productivo económicamente, que quiera afrontar con éxito el inevitable crecimiento demográfico y la inmigración, que quiera contar con una sociedad cohesionada pese a las diferencias culturales, sociales y económicas y que pretenda proteger su medio ambiente y no caer en el consumo desaforado y compulsivo, tiene la obligación de apostar por la educación de las personas a lo largo de toda su vida.
La sociedad del conocimiento no es posible si abandonamos a su suerte a millones de personas. Madrid no puede renunciar a la educación de personas adultas desde el ámbito de la enseñanza pública. Nuestros edificios educativos son viejos y deficientes. El mantenimiento de los mismos deja mucho que desear. Podemos contar con pantallas digitales y, sin embargo, morirnos de frío, o de calor, o tener que poner cubos para combatir las goteras.
Los recursos no crecen al ritmo de las necesidades cada día más elevadas. La inversión de la Consejería se reduce, el profesorado disminuye en los centros año tras año y el personal de servicios hay que pelearlo sin descanso y no siempre con éxito. Las normativas van siendo cambiadas. Aparecen y desaparecen asignaturas, especialidades. No importa que estemos a mitad de curso.
Se exige la cumplimentación de cada vez más formularios. Los equipos directivos se ven obligados a atender demandas burocráticas en lugar de atender necesidades pedagógicas. Los barrios periféricos, las localidades más desfavorecidas, las zonas rurales, no cuentan para nuestros gobernantes autonómicos.
Por eso, cuando llega el final de curso, cuando veo a esas personas adultas, muchas de ellas mujeres, ceñirse sus bandas y calarse sus birretes, siento orgullo. Orgullo por ellas y por el trabajo que mis compañeras y compañeros realizan cada día, para construir entornos de formación atractivos y procesos educativos que nos hacen más libres, más iguales, más solidarios.