El Gobierno ha aprobado este lunes un nuevo real decreto ley para mitigar el impacto económico derivado del conflicto en Oriente Medio, que incluye la prórroga de las ayudas a los carburantes para los hogares y la eliminación progresiva del impuesto sobre la producción de energía eléctrica.
La medida llega después de varios meses marcados por la volatilidad de los mercados energéticos y la subida de los precios del petróleo. Aunque el Ejecutivo considera que el impacto de la guerra sobre la economía se ha moderado, mantiene parte del denominado "escudo energético" ante la persistencia de la incertidumbre internacional.
Según explicó el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, la rebaja fiscal sobre la gasolina y el gasóleo continuará durante el verano, aunque de forma decreciente. En concreto, el descuento será de 15 céntimos por litro durante julio, de 10 céntimos en agosto y de 5 céntimos en septiembre.
No obstante, el decreto incorpora una cláusula automática que permitiría recuperar una ayuda de hasta 20 céntimos por litro si el conflicto se agrava y vuelve a producirse una fuerte escalada de los precios de los carburantes.
El Ejecutivo mantendrá además las ayudas específicas al transporte profesional y al sector primario. En el caso de la agricultura, se suman 165 millones de euros adicionales para la compra de fertilizantes, que se añaden a los 500 millones ya movilizados anteriormente.
Una de las novedades del decreto será la puesta en marcha de un sistema de control de márgenes en las estaciones de servicio. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) realizará un seguimiento de los márgenes brutos de las gasolineras para detectar posibles comportamientos anómalos.
Según avanzó la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, se publicará un listado de estaciones con prácticas irregulares y los consumidores podrán presentar reclamaciones cuando detecten posibles abusos.
El Consejo de Ministros también ha aprobado una senda de eliminación progresiva del impuesto sobre la producción de energía eléctrica, una medida reclamada por el sector energético. El gravamen, situado en la actualidad en el 7 por ciento, se reducirá hasta aproximadamente el 5 por ciento durante la segunda mitad de 2026, bajará al entorno del 3,5 por ciento en 2027 y desaparecerá completamente en 2028.
El Gobierno considera que esta rebaja contribuirá a abaratar de forma estructural la factura eléctrica de hogares e industrias y facilitará el despliegue de las energías renovables y la electrificación de la economía.
Las nuevas medidas tendrán una vigencia inicial de tres meses y supondrán un esfuerzo fiscal estimado de 1.825 millones de euros en 2026, a los que se sumarán otros 2.700 millones derivados de la eliminación progresiva del impuesto eléctrico entre 2027 y 2028.