Las seis sentencias emitidas por la Sala Primera del Tribunal Supremo el 18 de febrero de 2026 han provocado un ajuste relevante en la práctica concursal española y han aumentado la exigencia profesional en los procedimientos de segunda oportunidad. Lexitia afronta este nuevo marco con una tasa de éxito del 96 % en sus últimos procedimientos y una Garantía de Éxito contractual con devolución de honorarios, una fórmula todavía poco habitual en el sector.
Madrid, junio de 2026. El año 2026 se consolida como una etapa clave para la Ley de Segunda Oportunidad en España. La reforma estructural aprobada a través de la Ley 16/2022 ya había facilitado el acceso al mecanismo al eliminar el acuerdo extrajudicial previo, acortar los plazos e incorporar el régimen al Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC, Real Decreto Legislativo 1/2020). Sin embargo, la doctrina jurisprudencial desarrollada durante este año ha terminado de orientar con mayor precisión la aplicación práctica del sistema.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reforzado los criterios de proporcionalidad que afectan a la exoneración de deuda pública, conforme a la Directiva (UE) 2019/1023. Esa línea europea, especialmente relacionada con la sentencia del TJUE de 7 de noviembre de 2024 en los asuntos acumulados Corván, C-289/23, y Bacigán, C-305/23, ha tenido continuidad en España mediante el bloque de resoluciones dictado por el Tribunal Supremo el 18 de febrero de 2026, con efectos directos en la práctica concursal.
Las sentencias n.º 259 a 264/2026, dictadas por la Sala Primera el 18 de febrero, han establecido un criterio uniforme y aplicable de manera inmediata en todo el territorio nacional. Analizadas de forma conjunta, sus principales consecuencias prácticas son las siguientes:
Control de la buena fe por iniciativa judicial: el órgano judicial debe comprobar de oficio si el solicitante reúne el requisito de buena fe necesario para acceder a la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI), aunque los acreedores no hayan planteado esta cuestión. Esta exigencia obliga a presentar desde el inicio documentación suficiente y una argumentación jurídica sólida, conforme al artículo 487 y siguientes del TRLC.
Derivación de responsabilidad tributaria: la existencia de un acto administrativo de derivación de responsabilidad fiscal no supone por sí sola un impedimento para acceder al EPI. Solo puede operar como causa de exclusión cuando dicha derivación proceda de una conducta fraudulenta acreditada de forma suficiente, en aplicación del principio de proporcionalidad.
Crédito público: límites por cada Administración y accesorios subordinados: en relación con el crédito principal de Derecho público, la exoneración alcanza íntegramente los primeros 5.000 € y el 50 % hasta un máximo de 10.000 €, conforme al art. 489.1.5.º TRLC. Este límite debe aplicarse de manera individualizada por cada Administración acreedora, no solo ante la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, sino también frente a administraciones autonómicas y locales. Además, el Tribunal Supremo precisa que los créditos públicos subordinados, como intereses de demora, recargos y sanciones, pueden quedar exonerados en su totalidad, sin someterse a ese límite económico.
Examen preceptivo de la exoneración parcial: cuando no proceda una exoneración total, el órgano judicial debe valorar obligatoriamente la posibilidad de una exoneración parcial mediante un plan de pagos proporcional a la capacidad económica del deudor, conforme a los artículos 490 y siguientes del TRLC.
Revisión más intensa de las causas de exclusión: las condenas penales firmes por delitos contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social, dentro de los plazos previstos en el TRLC, funcionan como causa de exclusión. Por ello, antes de iniciar cualquier procedimiento resulta imprescindible estudiar la viabilidad del caso y revisar el historial del solicitante.
Esta jurisprudencia aproxima la práctica judicial española a los criterios de la Directiva (UE) 2019/1023 y refuerza una idea cada vez más clara entre los especialistas: en los procedimientos de segunda oportunidad, el resultado depende en gran medida de la calidad técnica con la que se prepara, documenta y defiende cada expediente.
La Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI), incorporada al ordenamiento español por la Ley 25/2015 y reformada en profundidad e integrada en el TRLC mediante la Ley 16/2022, permite que personas físicas, tanto particulares como autónomos, puedan cancelar total o parcialmente sus deudas cuando se encuentran en situación de insolvencia. En concreto, este mecanismo permite:
Cancelar préstamos personales, tarjetas de crédito, microcréditos y deudas con entidades financieras.
Suspender las ejecuciones individuales que estén en curso durante la tramitación del concurso, conforme a los efectos previstos en el TRLC para la insolvencia de la persona natural.
Exonerar determinadas deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, dentro de los límites y requisitos del TRLC precisados por el Tribunal Supremo, incluidos íntegramente los intereses y costes accesorios de carácter subordinado.
Abrir una nueva etapa con seguridad jurídica y sin continuar soportando una carga económica imposible de asumir.
En un mercado donde la doctrina reciente del Tribunal Supremo exige expedientes más completos, mejor documentados y técnicamente solventes, Lexitia, despacho especializado en la Ley de Segunda Oportunidad, se sitúa en el segmento de mayor exigencia para particulares y autónomos que necesitan acogerse a este mecanismo. En sus últimos 150 procedimientos tramitados, Lexitia registra una tasa de éxito del 96 %, según los datos internos de seguimiento del despacho.
Cuatro factores explican estos resultados:
Especialización exclusiva en Derecho Concursal y Segunda Oportunidad: el equipo centra su actividad en esta materia y no deriva recursos hacia otras áreas jurídicas, lo que permite una dedicación plena a la práctica concursal.
Análisis de viabilidad previo riguroso: conforme a la doctrina reciente del Tribunal Supremo, Lexitia estudia cada caso antes de iniciarlo. Esta revisión permite identificar causas de exclusión del EPI, antecedentes penales relevantes, riesgos de derivaciones tributarias de origen fraudulento y posibles escenarios de exoneración parcial. Ningún procedimiento se pone en marcha sin una estrategia jurídica sólida.
Tecnología aplicada con garantías completas: la integración de herramientas de inteligencia artificial en la preparación y seguimiento del expediente contribuye a reforzar la documentación, con tratamiento de datos conforme al Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018.
Transparencia total en honorarios: sin costes ocultos, con planes desde 99 €/mes y consulta inicial gratuita. Las condiciones económicas y las garantías quedan recogidas expresamente en el contrato de servicios, conforme a la normativa de protección de consumidores y usuarios.
Alberto Raba, Director de Lexitia, considera que el punto decisivo no está en prometer soluciones imposibles, sino en revisar con rigor la viabilidad de cada expediente antes de iniciarlo. Según explica, las sentencias del Tribunal Supremo de febrero de 2026 confirman una metodología que Lexitia aplica desde el primer día: cercanía con el cliente, preparación profunda del caso y uso de herramientas tecnológicas para marcar la diferencia entre recuperar estabilidad o afrontar una resolución judicial desfavorable.
Lexitia ofrece una Garantía de Éxito contractual, una fórmula poco habitual en el sector. No se trata de una promesa comercial genérica, sino de una condición recogida expresamente en el contrato de servicios, con requisitos, alcance y exclusiones definidos conforme a la normativa de protección de consumidores y usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007). El contrato establece con precisión qué se considera éxito, cuándo puede activarse la devolución de honorarios y qué condiciones delimitan esta garantía.
La garantía se considera cumplida cuando el procedimiento finaliza mediante:
La obtención del EPI en modalidad de exoneración total o parcial del pasivo insatisfecho.
La aprobación judicial de un plan de pagos conforme a la normativa vigente.
Cualquier otra solución procesal ajustada a derecho planteada como escenario viable tras el análisis inicial.
Si el procedimiento no alcanza ninguno de estos resultados por una causa directamente imputable a una actuación negligente de Lexitia, el cliente tiene derecho a solicitar la devolución de los honorarios abonados, con la deducción de los costes administrativos mínimos detallados en el contrato. Esta estructura alinea los incentivos del despacho con el interés del cliente mediante una fórmula singular para cancelar deudas con Ley de Segunda Oportunidad.
Alberto Raba, Director de Lexitia, entiende que la Garantía de Éxito no responde a una acción de marketing, sino a la consecuencia natural de trabajar correctamente desde el primer momento. Según su planteamiento, cuando el análisis de viabilidad se realiza con rigor y la preparación del expediente se desarrolla con precisión, el éxito se convierte en la norma y no en una excepción.
A la luz de la nueva doctrina del Tribunal Supremo, Lexitia señala cuatro criterios que cualquier deudor debería comprobar antes de contratar un despacho:
Especialización real y exclusiva en Derecho Concursal, no como servicio añadido a otras áreas.
Transparencia total en honorarios desde el primer momento, con condiciones reflejadas en contrato.
Análisis de viabilidad previo adaptado a la jurisprudencia actual del Tribunal Supremo, para no iniciar procedimientos abocados al rechazo.
Garantía contractual que vincule al despacho al resultado definido, con condiciones claras conforme a la normativa de consumidores.
Lexitia ofrece una primera consulta gratuita y planes de pago adaptados desde 99 €/mes, accesibles en toda España.
Lexitia es una legal tech española especializada en exclusiva en la Ley de Segunda Oportunidad y el Derecho Concursal, con sede en Madrid y atención en toda España. Su equipo combina experiencia jurídica concursal con un enfoque tecnológico diferencial y plena observancia de la normativa de protección de datos. Su propuesta está dirigida a quienes buscan abogados expertos en Segunda Oportunidad con análisis previo, estrategia jurídica y garantías contractuales.
Más información en lexitia.com.