Escuelas Católicas ha expresado su preocupación por la intención del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte de reducir de forma significativa el número máximo de alumnos por aula en el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) y en otras enseñanzas no obligatorias, una medida que, a su juicio, amenaza la viabilidad de miles de centros privados.
La organización reclama al departamento que dirige el Gobierno central que abra un proceso de diálogo con todos los actores afectados antes de adoptar una decisión que considera de enorme impacto para el sector. En este sentido, pide "reflexión y diálogo con todos los agentes implicados" ante una propuesta que, según sostiene, podría tener "consecuencias irreversibles".
La reacción se produce después de que el secretario de Estado de Educación anunciara la voluntad del Ministerio de avanzar en una reducción de ratios en la etapa de 0 a 3 años. Escuelas Católicas considera que los niveles planteados son excesivos y advierte de que generan "dudas muy serias sobre la pervivencia de más de 4.000 escuelas privadas 0-3 que actualmente prestan este servicio educativo".
La patronal recuerda que el sector ya afronta dificultades derivadas del descenso de la natalidad, el aumento de los costes laborales y de funcionamiento y la ampliación de la oferta pública. En este contexto, sostiene que una disminución tan acusada del número de alumnos por aula supondría "la puntilla definitiva a todo un sector" que escolariza a más de 220.000 niños y genera más de 60.000 puestos de trabajo directos.
Además del contenido de la propuesta, Escuelas Católicas cuestiona la forma en la que se está tramitando la reforma. La entidad señala que el proyecto legislativo para la reducción de ratios continúa su recorrido parlamentario y que el plazo para presentar enmiendas permanece abierto hasta septiembre. Por ello, considera que impulsar ya un desarrollo reglamentario constituye "un contrasentido" y provoca "una evidente inseguridad jurídica".
La organización también critica que el Ministerio haya mantenido conversaciones exclusivamente con representantes de la enseñanza pública. A su juicio, "no se puede hablar de consenso y de diálogo cuando se reúnen únicamente con una de las partes implicadas" y subraya que una modificación de esta magnitud requiere "escuchar a todas las partes afectadas".
Otro de los aspectos que preocupa al sector es la financiación de la medida. Escuelas Católicas denuncia la inexistencia de una memoria económica y de un estudio de impacto que permita evaluar las consecuencias de la reforma. En un escenario marcado por la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado durante los últimos ejercicios, la entidad reclama claridad sobre quién asumiría el coste de la reducción de ratios, ya sean las administraciones autonómicas, los centros educativos o las familias.
Desde el punto de vista educativo, la organización recuerda que diversos expertos cuestionan que la disminución del número de alumnos por aula tenga efectos significativos sobre el rendimiento académico y apuntan a otras alternativas, como reforzar la atención especializada a los estudiantes con mayores necesidades.
Escuelas Católicas concluye que, si la propuesta sale adelante en los términos anunciados, podría producirse "una auténtica reconversión del sector de Educación Infantil", con la desaparición de gran parte de la oferta privada. Asimismo, califica la iniciativa de "ataque sin precedentes a la libertad de enseñanza" y reclama una reunión urgente con el Ministerio y las organizaciones representativas del sector para analizar el alcance de la medida y buscar soluciones que compatibilicen la calidad educativa con la sostenibilidad de los centros.