MDO/E.P. | Martes 15 de enero de 2008
El Defensor del Menor, Arturo Canalda, aseguró este martes que el 54 por ciento de los menores de los centros de internamiento de la región es extranjero, por lo que consideró que se debe reflexionar sobre políticas de integración y de convivencia para tratar de ayudar a las familias que más lo necesitan.
En este sentido, Canalda rechazó "medidas generalizadas" para los núcleos familiares, poniendo como ejemplo la propuesta del Gobierno central de entregar 2.500 euros a las familias por cada nuevo hijo.
El Defensor del Menor también reconoció la opacidad de los centros de internamiento de la Comunidad, que a su juicio, se debe a que están sujetos a un régimen especial para salvaguardar el interés del menor y la identidad de los menores, que buscan "borrar su pasado".
En cuanto a algunas denuncias recibidas por el trato a los chavales en alguno de esos centros, declaró que los educadores realizan una "magnífica" labor, pero que ésta es difícil pues hay chicos "muy complicados" y que han cometido delitos "relativamente importantes".
Asimismo, tildó de "auténtico revulsivo" que la Ley del Menor adjudicase a las comunidades autónomas la responsabilidad sobre los centros de internamiento, pues se adaptaron así a "la realidad" de la región y a los delitos que se cometen en ella.
El 87 por ciento no reinciden
Concretamente en Madrid, los centros, que son en su mayoría externalizados y con gente muy especializada, presentan cada vez un menor número de quejas, según el Defensor del Menor. También recordó los datos del Gobierno regional, que reflejan que el 87 por ciento de los menores que salen de estos centros no reincide.
Además, abogó por una política de inmigración diferente a la actual, que consistiría en que los inmigrantes que tienen en sus países una protección como la de España, fueran devueltos a sus países que, a su juicio, "es donde mejor están". "No quiero que se me entienda mal, me refiero a menores que tengan mejores condiciones que aquí, que están solos", concluyó.
Canalda apuntó que en el caso de que los menores no tuviesen protección en sus países, merecerían una atención "mucho más especifica por parte de la Administración", y añadió que "muchas veces son explotados por su familiar de origen".