La Comunidad de Madrid ha decidido llevar ante el Tribunal Supremo el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 aprobado por el Gobierno central al entender que el texto supone una intromisión en competencias que corresponden a las comunidades autónomas y limita su capacidad de gestión en materia de vivienda.
El recurso contencioso-administrativo, presentado por la Abogacía General de la región, cuestiona tanto el reparto competencial como el modelo de financiación previsto en el programa estatal. Según el Ejecutivo madrileño, la norma impone nuevas obligaciones económicas a las autonomías para desarrollar las medidas contempladas en el plan.
El programa cuenta con una dotación de hasta 7.000 millones de euros, una cifra que triplica la del anterior marco estatal. De ese montante, Madrid recibiría 1.113 millones. El nuevo esquema establece que el Estado financie el 60 por ciento de las actuaciones y que las comunidades asuman el 40 por ciento restante, un porcentaje superior al exigido en convocatorias anteriores, cuando la aportación autonómica se situaba en el 25 por ciento.
Aunque el Gobierno regional respaldó el reparto de fondos durante la Conferencia Sectorial de Vivienda celebrada el pasado 21 de mayo, ya expresó entonces sus reservas sobre el diseño del plan. El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, calificó la iniciativa de "propagandística" y denunció que su planteamiento financiero resulta "profundamente injusto".
Entre los argumentos incluidos en el recurso figura un dictamen del Consejo de Estado que advierte de que la obligación de cofinanciación podría representar "una injerencia excesiva" en la autonomía financiera de las comunidades, al condicionar la capacidad de estas administraciones para decidir cómo distribuyen sus recursos presupuestarios.
El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso sostiene además que el nuevo modelo traslada una mayor carga económica a las autonomías sin que se haya producido una negociación real sobre las condiciones de financiación. En el caso de Madrid, asegura que la contribución exigida multiplica por cinco la realizada en el plan precedente.
Asimismo, critica el procedimiento seguido durante la elaboración de la norma y reprocha al Gobierno central haber aprobado el texto definitivo sin alcanzar previamente un acuerdo con las comunidades autónomas. A juicio de la Administración regional, esta falta de consenso complica la planificación de las políticas públicas y puede retrasar la puesta en marcha de iniciativas destinadas a mejorar el acceso a la vivienda.
Otro de los puntos que genera rechazo en el Gobierno madrileño es la obligación de establecer una protección permanente para determinadas viviendas que reciban ayudas públicas. La Comunidad considera que esta medida excede las competencias estatales y podría obligar a modificar normativas autonómicas ya consolidadas, generando inseguridad jurídica y dificultando la ejecución de los programas.
El recurso también cuestiona el carácter uniforme del plan para todo el territorio nacional. Según Madrid, la imposición de programas y criterios comunes reduce la capacidad de las autonomías para adaptar las políticas de vivienda a las particularidades sociales, económicas y demográficas de cada región.
Además, el Ejecutivo regional rechaza que la recepción de fondos estatales quede vinculada al cumplimiento de determinadas obligaciones relacionadas con la publicidad institucional, el intercambio de información administrativa o la celebración de actos públicos. En su opinión, estos requisitos son ajenos a los objetivos del programa y podrían derivar en un uso partidista de recursos destinados a las políticas de vivienda.
Por último, la Comunidad de Madrid recuerda que presentó diversas alegaciones durante la tramitación del plan que no fueron incorporadas a la versión final y lamenta que el Gobierno haya optado, según sostiene, por un modelo basado en la imposición de condiciones en lugar de la colaboración entre administraciones.