Los trabajadores de la red de albergues juveniles de la Comunidad de Madrid han iniciado este lunes un calendario de movilizaciones para mostrar su rechazo al cambio de modelo de gestión impulsado por el Gobierno regional y reclamar "garantías y transparencia" durante el proceso.
Las protestas, convocadas por las organizaciones sindicales con representación en el sector, han arrancado con concentraciones en el albergue Los Batanes y en el refugio Puerto de la Morcuera. Los sindicatos denuncian que la medida supone una "privatización" de estos recursos públicos y alertan de sus posibles consecuencias sobre el empleo y la calidad del servicio.
El conflicto surge tras la publicación de la licitación para la explotación y gestión de cuatro albergues juveniles y un refugio de titularidad pública ubicados en Cercedilla, San Lorenzo de El Escorial y Rascafría. La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales plantea que estos centros pasen a ser gestionados por entidades especializadas en ocio educativo y hostelería.
El sindicato sostiene que la gestión pública "resulta más eficiente, garantiza el empleo lejos de la precariedad y oferta mayor calidad de los servicios" que los modelos basados en la privatización o externalización.
Frente a estas críticas, el Ejecutivo autonómico niega que la medida implique una privatización de los albergues. "El cambio de modelo no supone su privatización, ni en ningún caso un incremento del gasto público. Las instalaciones seguirán siendo públicas y la Administración mantendrá plenamente las funciones de control, supervisión y planificación del servicio", subrayan fuentes regionales.
La Comunidad de Madrid defiende que la nueva fórmula permitirá una gestión "más profesionalizada, flexible, con un refuerzo de las actividades y adaptada a las necesidades reales" de unos centros cuyo funcionamiento, argumenta, guarda similitudes con el de establecimientos turísticos.
Asimismo, la Consejería justifica la decisión por las dificultades que presenta el sistema actual de gestión directa, marcado, según explica, por un elevado número de vacantes y bajas laborales. A su juicio, la nueva organización permitirá mejorar la eficiencia de la red de albergues juveniles.
Respecto a la situación de los trabajadores, el departamento autonómico asegura que no habrá despidos. "Este proceso no implicará en ningún caso la pérdida de empleo público", remarcan desde la Consejería, que prevé ofrecer mecanismos de movilidad y reubicación para los empleados afectados en otros centros de la Administración regional. Con este objetivo, ha anunciado una próxima reunión con los sindicatos para explicar las opciones de traslado disponibles.