La práctica totalidad de la población española y europea ha estado expuesta en los últimos años a aire contaminado por encima de los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), según coinciden la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) y el último informe anual de Ecologistas en Acción sobre la calidad del aire en el Estado español.
El estudio advierte de que la contaminación atmosférica continúa siendo un problema estructural, con impactos relevantes sobre la salud pública, la economía y los ecosistemas, y señala como factores determinantes el cambio climático, el uso intensivo de combustibles fósiles y la lenta implantación de medidas eficaces de reducción de emisiones en las ciudades.
Las estimaciones más recientes de la Aema y la OMS sitúan en 330.000 las muertes prematuras en Europa en 2023 atribuibles a la contaminación atmosférica. En el caso de España, el informe calcula hasta 24.000 fallecimientos en ese mismo año.
De estas muertes, 13.300 se asocian a la exposición a partículas finas PM2,5, consideradas especialmente peligrosas por su capacidad de penetrar en el sistema respiratorio y sanguíneo. Otras 4.100 estarían vinculadas al dióxido de nitrógeno (NO₂), contaminante directamente relacionado con el tráfico rodado, mientras que 6.600 se atribuyen al ozono troposférico, cuya formación se intensifica con las altas temperaturas y la radiación solar.
La contaminación del aire se mantiene así como uno de los principales riesgos ambientales para la salud en Europa, con una incidencia comparable a otros grandes factores de riesgo sanitario.
Más allá del impacto sanitario, el informe subraya la dimensión económica del problema. El coste de la contaminación atmosférica en España se estima en 32.000 millones de euros anuales, lo que equivale al 2,4 por ciento del Producto Interior Bruto. Esta cifra incluye la mortalidad prematura, los ingresos hospitalarios, la pérdida de días de trabajo, la reducción de la productividad laboral y los daños sobre sectores como la agricultura, la silvicultura y los ecosistemas acuáticos.
Según el informe, se trata de un coste estructural y recurrente que afecta tanto a la sostenibilidad del sistema sanitario como a la competitividad económica del país.
El documento señala que la principal fuente de contaminación en las áreas urbanas es el tráfico motorizado, sobre todo los vehículos diésel, responsables de gran parte de las emisiones de dióxido de nitrógeno y partículas en suspensión.
A esta fuente principal se suman las calefacciones domésticas, determinadas actividades industriales y, en menor medida, el transporte marítimo y aéreo en ciudades con puerto o aeropuerto cercanos.
En última instancia, el informe apunta al uso masivo de combustibles fósiles en el transporte y la industria como el origen estructural del problema, no solo de la contaminación del aire, sino también del cambio climático global, con el que mantiene una relación directa.
Uno de los aspectos más relevantes del informe es la relación entre cambio climático y empeoramiento de la calidad del aire. El aumento de las temperaturas medias y la mayor frecuencia e intensidad de las olas de calor favorecen la formación de ozono troposférico, un contaminante secundario altamente oxidante.
En 2025, España registró el tercer año más cálido desde 1961, lo que contribuyó a intensificar los episodios de contaminación por ozono, especialmente durante los meses de verano. Este contaminante alcanzó niveles especialmente elevados en zonas urbanas y metropolitanas, con especial incidencia en la Comunidad de Madrid, donde se registraron algunos de los valores más altos de los últimos años.
El informe analiza la situación de la calidad del aire tomando como referencia tres marcos normativos: los valores legales vigentes, los nuevos límites europeos aprobados en la Directiva 2024/2881 (pendiente de transposición) y las recomendaciones de la OMS.
Bajo los nuevos estándares europeos, que deberán cumplirse antes de 2030, 32,6 millones de personas en España (el 66,3 por ciento de la población) estuvieron expuestas en 2025 a niveles de contaminación superiores a los límites futuros.
Esto supone casi dos tercios de la población y evidencia, según el informe, la magnitud del reto que afrontan las administraciones públicas en los próximos años para adaptarse a la nueva normativa europea.
Si se consideran los límites legales actuales, la población afectada se reduce a 9,1 millones de personas (18,6 por ciento), aunque estos valores son considerados obsoletos por la propia Unión Europea.
En cambio, si se aplican los criterios de la OMS, más estrictos y basados exclusivamente en evidencias sanitarias, la totalidad de la población española habría estado expuesta a aire contaminado.
El informe no solo analiza la afección a la población, sino también al medio natural. En 2025, alrededor de 84.000 kilómetros cuadrados del territorio español presentaron niveles de contaminación perjudiciales para la vegetación, lo que representa aproximadamente el 16,6 por ciento del país bajo los criterios legales vigentes.
Sin embargo, si se aplican los objetivos de protección a largo plazo para el ozono, la superficie afectada asciende hasta 429.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente el 85% del territorio.
Los contaminantes atmosféricos tienen efectos directos sobre la vegetación, reducen la productividad agrícola, alteran los ecosistemas forestales y contribuyen a procesos de degradación del suelo y del agua.
Durante 2025, los contaminantes más relevantes en España fueron las partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), el dióxido de nitrógeno (NO₂) y el ozono troposférico (O₃). El informe señala que, aunque en algunos casos se han registrado ligeras mejoras en los niveles de partículas y NO₂ respecto a años anteriores, el ozono ha empeorado de forma significativa, alcanzando los niveles más altos desde 2015.
Este comportamiento irregular pone de manifiesto la complejidad del problema, ya que la mejora de algunos contaminantes no implica necesariamente una mejora global de la calidad del aire.
En el ámbito urbano, aunque algunas ciudades como Madrid o Barcelona han logrado reducir en los últimos años los niveles de dióxido de nitrógeno, el informe señala que varias áreas metropolitanas siguen superando los nuevos límites europeos. Entre ellas se encuentran Madrid, Barcelona, Sevilla, València, Málaga, Murcia, Bilbao o Zaragoza, entre otras.
Además, el documento advierte de que el cumplimiento de la normativa es desigual y que muchas ciudades aún no han implantado de forma efectiva las zonas de bajas emisiones, pese a tratarse de una obligación legal.
Ecologistas en Acción también cuestiona la calidad y accesibilidad de la información oficial sobre contaminación atmosférica. El informe señala que en muchos casos los datos no están fácilmente disponibles o resultan difíciles de interpretar para la ciudadanía. Asimismo, alerta de fallos en el sistema estatal de información sobre calidad del aire, que en determinados periodos ha dejado de funcionar correctamente, lo que dificulta el seguimiento en tiempo real de los niveles de contaminación.
El informe denuncia retrasos en la elaboración y aplicación de políticas públicas clave. Entre ellos destaca la ausencia de un Plan Nacional de Ozono, pendiente desde hace años, así como la falta de planes eficaces en varias comunidades autónomas para reducir este contaminante.
También señala que muchas administraciones no han actualizado sus protocolos de actuación ante episodios de alta contaminación, a pesar de que el plazo legal para hacerlo ya ha vencido.
Ecologistas en Acción propone un conjunto de medidas estructurales para mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación atmosférica en España. Entre sus principales recomendaciones figura la reducción del tráfico motorizado en las ciudades y la limitación del uso del vehículo privado, especialmente en los entornos urbanos más contaminados.
La organización también plantea impulsar de forma decidida el transporte público eléctrico y fomentar la movilidad activa, como los desplazamientos a pie o en bicicleta, como alternativas prioritarias al coche. A ello se suma la necesidad de acelerar la transición energética hacia fuentes renovables, con el objetivo de reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
El informe incluye además la reducción del transporte aéreo y marítimo, la mejora de la eficiencia energética en la industria y en los edificios, así como una regulación más estricta de las macrogranjas y de las emisiones derivadas del sector agrícola.
Por último, Ecologistas en Acción defiende la implantación de una fiscalidad ambiental sobre los combustibles fósiles, orientada a internalizar los costes sanitarios y medioambientales asociados a su uso.