El Tribunal Supremo ha condenado al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión, a su exasesor Koldo García a 19 años y ocho meses, y al empresario Víctor de Aldama a cuatro años y medio de cárcel por su implicación en irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia.
La sentencia, dictada por unanimidad por la Sala de lo Penal tras el juicio celebrado durante los meses de abril y mayo y que se extendió durante 14 sesiones, considera probado que los tres acusados formaron una organización criminal con reparto de funciones orientada a la comisión de graves delitos de corrupción.
Según el fallo, quedó acreditada la adjudicación irregular de 13 millones de mascarillas por parte de entidades dependientes del Ministerio de Transportes, como Puertos del Estado y ADIF, a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama.
El tribunal también da por probado el pago de 10.000 euros mensuales a Ábalos en concepto de “gastos fijos”, así como la contratación de dos mujeres relacionadas con el exministro en empresas públicas, entre ellas Claudia Montes y Jéssica Rodríguez, cuyo alquiler de vivienda habría sido sufragado por la trama.
Asimismo, la resolución recoge la existencia de contratos de arrendamiento con opción a compra de inmuebles en Madrid, Marbella y La Línea de la Concepción, vinculados a gestiones relacionadas con la emisión de una nota de prensa sobre el rescate de Air Europa y la concesión de una licencia de hidrocarburos.
El tribunal subraya que el efecto más grave de los hechos es el deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones, al romper la expectativa de que el ejercicio del poder público se realiza en beneficio del interés general. En este sentido, advierte de que este tipo de conductas puede comprometer la legitimidad del sistema democrático.
En cuanto al cumplimiento de las penas, los magistrados fijan el cumplimiento efectivo en 16 años para Ábalos y 15 para Koldo García. En el caso de Aldama, el tribunal aplica la atenuante de colaboración muy cualificada y suspende la ejecución de su pena, condicionándola a no volver a delinquir, realizar un año de trabajos en beneficio de la comunidad y presentar informes periódicos de actividad.
La Fiscalía Anticorrupción había solicitado penas similares, mientras que las acusaciones populares pedían condenas de hasta 30 años para los principales acusados.
Durante el juicio, Ábalos y Koldo García defendieron su inocencia y solicitaron la absolución, mientras que Aldama reconoció parcialmente los hechos relacionados con cohecho, organización criminal y uso de información privilegiada.
La sentencia del Tribunal Supremo que condena al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años de prisión por el caso de las mascarillas ha generado una intensa reacción política en la Comunidad de Madrid, con mensajes desde el Gobierno regional y la oposición.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha preguntado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si “no es suficiente” la condena impuesta a Ábalos para convocar elecciones generales. A través de sus redes sociales, Ayuso ha señalado que si el exministro que ocupó un papel clave en el Ejecutivo ha sido condenado a 24 años de cárcel, el jefe del Gobierno debería dar explicaciones y “dar un paso” hacia la convocatoria electoral.
La dirigente regional ha insistido en la responsabilidad política del presidente del Gobierno y ha vinculado el caso a la estructura del Ejecutivo durante la etapa investigada.
Desde Más Madrid, su portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha defendido que la sentencia debe aplicarse con todas sus consecuencias y ha reclamado que “caiga todo el peso de la ley” sobre los ondenados. Bergerot ha señalado que tanto Ábalos como Koldo García “dañan gravemente las instituciones y la democracia”, aunque ha mostrado su satisfacción por la expulsión del exministro del PSOE. La portavoz ha advertido además de la necesidad de depurar responsabilidades y de investigar a los presuntos beneficiarios de la trama corrupta.
El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha considerado que la sentencia supone un momento “histórico” y ha pedido responsabilidades políticas al presidente del Gobierno. Díaz-Pache ha recordado el papel de Ábalos en la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa y ha cuestionado la falta de asunción de responsabilidades en el Ejecutivo.
En la misma línea, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha exigido la dimisión del presidente del Gobierno y ha afirmado que no se puede mantener un Ejecutivo con miembros condenados por corrupción. Por su parte, el secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, ha insistido en la necesidad de convocar elecciones y ha apelado incluso a los socialistas “decente” para que reaccionen ante la situación política derivada de la sentencia.