La Comunidad de Madrid ha defendido este viernes la legalidad y transparencia de los contratos suscritos con el grupo Quirón después de conocerse un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.
La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha rechazado cualquier irregularidad en la relación contractual entre la Administración autonómica y el grupo sanitario y ha insistido en que los acuerdos vigentes fueron formalizados años antes de que Ayuso mantuviera cualquier vínculo con González Amador.
"No tenemos nada que ocultar", ha afirmado Matute durante una visita al nuevo centro de salud de Fuencarral. La consejera ha defendido que las cuentas vinculadas a estos contratos son "transparentes y limpias" y ha recalcado que se trata de acuerdos que se remontan a 2006 y 2010.
"No tenemos nada que ver como administración de la Comunidad de Madrid con la relación de terceros y entre proveedores"
Las declaraciones llegan después de que el PSOE-M solicitara la celebración de un Pleno extraordinario en la Asamblea de Madrid para analizar las contrataciones del Ejecutivo regional con Quirón. Ante esta petición, la responsable de Sanidad ha subrayado que "las cuentas están auditadas, son limpias y transparentes".
Asimismo, ha desvinculado a la Comunidad de Madrid de las relaciones mercantiles existentes entre empresas privadas. "No tenemos nada que ver como administración de la Comunidad de Madrid con la relación de terceros y entre proveedores", ha señalado, antes de insistir en que los contratos públicos afectados son anteriores a la etapa de Ayuso al frente del Gobierno regional.
En esta línea, Matute ha asegurado que desde entonces no se ha producido "ningún tipo de cambio" en dichos acuerdos. "Ni modificaciones, ni nuevos contratos", ha remarcado.
Las explicaciones ofrecidas por el Gobierno regional no han convencido a los grupos de la oposición. El secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha sostenido que el informe conocido esta semana evidencia que el grupo Quirón ha mantenido una posición privilegiada durante los años de mandato de Isabel Díaz Ayuso y ha vincula directamente el caso con la presidenta madrileña.
"Todo empieza y acaba en el ático de la señora Ayuso"
"Por muchas piruetas que haga Miguel Ángel Rodríguez, lo que no va a poder tapar nunca es que el grupo Quirón ha cobrado lo que ha querido desde que la señora Ayuso es presidenta de la Comunidad de Madrid", afirmó López. El líder de los socialistas madrileños incidió además en que la pareja de la presidenta "ha cobrado 4,4 millones de euros del grupo Quirón" y aseguró que "todo empieza y acaba en el ático de la señora Ayuso".
Por su parte, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, plantea que las conclusiones recogidas por la UCO abren interrogantes sobre la actividad de las sociedades investigadas. Según ha señalado, si una empresa "cobra por un trabajo sin tener medios para hacer ese trabajo" podría estar produciéndose una irregularidad tributaria o incluso una contraprestación encubierta.
Bergerot ha destacado además que "los ingresos de Quirón a González Amador se han multiplicado por siete desde que es pareja de la presidenta" y ha añadido que, a su juicio, la investigación deberá aclarar si se trata de una mera coincidencia o de conductas presuntamente delictivas. La dirigente de Más Madrid ha reclamado asimismo que se esclarezcan las relaciones económicas entre el entorno de Ayuso y una compañía que recibe más de mil millones de euros anuales de la Comunidad de Madrid.
El debate político coincide con los avances de la investigación judicial sobre Alberto González Amador. En el marco de una pieza separada abierta por un presunto delito de corrupción en los negocios, la UCO ha remitido al Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid un informe en el que cuestiona la actividad desarrollada por una de sus sociedades.
Según el atestado, la empresa Masterman & Whitaker —anteriormente denominada Círculobelleza— habría facturado en 2021 determinados servicios de consultoría a Quirón Prevención pese a que, de acuerdo con la información analizada por la Agencia Tributaria, "carecía de medios personales y materiales suficientes" para prestar dichos trabajos.
A raíz de este informe, el juez Antonio Viejo autorizó recientemente a los investigadores el acceso a información bancaria, fiscal y de la Seguridad Social de varios investigados y sociedades relacionadas con la operación.
La investigación también pone el foco en la compra de Círculobelleza S.L. por parte de Maxwell Cremona S.L. en diciembre de 2020. La operación se cerró por 499.836,92 euros, una valoración que llama la atención de los agentes debido a la reducida actividad que presentaba la sociedad en los años previos.
El informe recoge que la empresa registró entre 2018 y 2020 una facturación anual de entre 30.000 y 59.000 euros y que apenas contaba con empleados o estructura material relevante. Además, la Guardia Civil destaca que en la documentación notarial revisada no figura ninguna explicación sobre el criterio utilizado para fijar el precio de venta. "Tampoco al método o los motivos por los que se establece un importe de compraventa cercano a 500.000 euros", señala el documento.
Los investigadores consideran especialmente relevante la evolución de la valoración de la sociedad. Mientras que en septiembre de 2020 el 40 por ciento de las participaciones fue adquirido por 8.000 euros, apenas tres meses después el 100% de la compañía se vendió por cerca de medio millón de euros.
Posteriormente, en diciembre de 2021, Alberto González Amador compró la totalidad de las participaciones de la empresa —ya rebautizada como Masterman & Whitaker— por 3.300 euros.
La UCO analiza además la actividad de Maxwell Cremona, cuya facturación superó los 2,3 millones de euros en 2020. Según las pesquisas, buena parte de esos ingresos procederían de una comisión vinculada a una operación de intermediación en la venta de material sanitario durante la pandemia.
El informe también examina diversas conexiones empresariales y personales entre los implicados, entre ellas la relación de Fernando Javier Camino Maculet con María Gloria Carrasco, vendedora de Círculobelleza, así como su vinculación con otras sociedades presentes en la investigación.
Con el objetivo de reconstruir el recorrido de los fondos desde 2014 hasta la actualidad, la Guardia Civil solicitó autorización judicial para acceder a información económica, tributaria y laboral de varias personas físicas y jurídicas relacionadas con los hechos investigados, una medida que ya ha sido autorizada por el juzgado.