La Policía Nacional ha desarticulado una organización presuntamente dedicada a estafar a inversores mediante un sistema piramidal y a blanquear posteriormente el dinero obtenido. La operación se ha saldado con 23 detenidos en Madrid, Torrejón del Rey (Guadalajara) y Rubí (Barcelona).
Según ha informado el cuerpo policial, la trama habría causado un perjuicio económico cercano a los 300.000 euros a más de 120 víctimas. El método empleado respondía al conocido como 'Esquema Ponzi', un fraude que consiste en captar nuevos inversores con la promesa de elevadas rentabilidades y utilizar el dinero aportado por estos para abonar supuestos beneficios a algunos participantes iniciales.
Las pesquisas permitieron constatar que la organización cuidaba especialmente su imagen para transmitir una apariencia de solvencia y legalidad. Para ello disponía de oficinas abiertas al público, campañas de publicidad corporativa, trabajadores uniformados e incluso una aplicación móvil que simulaba el funcionamiento de una entidad de inversión legítima.
La fase de explotación de la operación incluyó cinco entradas y registros. Tres de ellos se llevaron a cabo en Madrid capital, mientras que los otros dos tuvieron lugar en Torrejón del Rey y Rubí.
Durante los registros, los agentes intervinieron 15.000 euros en efectivo, un vehículo, cerca de una veintena de teléfonos móviles y tres ordenadores portátiles. Además, se procedió al bloqueo de casi 40 cuentas bancarias y de fondos por valor aproximado de 75.000 euros.
Los 23 arrestados han sido puestos a disposición judicial como presuntos responsables de delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
La investigación revela que la organización centraba su actividad en captar personas interesadas en obtener altas rentabilidades mediante inversiones en criptomonedas.
Tras identificar a potenciales víctimas, los miembros del grupo mantenían encuentros presenciales, llamadas telefónicas y contactos continuados por mensajería móvil para ofrecer productos de inversión que presentaban como seguros y altamente rentables.
Una vez ganada la confianza de los afectados, les animaban a realizar sucesivas aportaciones económicas, ya fuera mediante transferencias bancarias o a través de la compra de criptomonedas. Esos fondos acababan bajo el control de la organización.
Para reforzar la credibilidad del sistema, en determinadas ocasiones permitían retirar pequeñas cantidades de dinero o devolvían parte de los fondos aportados. Con ello generaban una falsa sensación de liquidez y solvencia que llevaba a muchas víctimas a aumentar progresivamente sus inversiones e incluso a recomendar la plataforma a familiares, amigos o conocidos.
De acuerdo con la Policía Nacional, el dinero obtenido mediante las estafas era introducido posteriormente en una compleja red financiera destinada a dificultar su rastreo.
La organización utilizaba cuentas bancarias controladas por distintos integrantes, realizaba transferencias cruzadas entre ellas, retiradas de efectivo y pagos a terceros con el objetivo de ocultar el origen de los fondos.
Paralelamente, parte del capital era transformado en criptoactivos y movido a través de múltiples direcciones y billeteras digitales intermedias. Este sistema generaba sucesivas capas de transacciones que complicaban la identificación del recorrido del dinero y su vinculación con la actividad delictiva investigada.