A partir del lunes, el abono transporte personal de la Consorcio Regional de Transportes de Madrid solo podrá obtenerse si el solicitante acredita estar empadronado en un municipio de la Comunidad de Madrid o en localidades limítrofes de Castilla-La Mancha y Castilla y León, según recoge el boletín oficial autonómico publicado este viernes.
Esta Tarjeta de Transporte Público (TTP) personal es un documento con los datos identificativos y la fotografía de su titular, que permite cargar los distintos títulos de transporte y se ha convertido en la modalidad más usada por los usuarios habituales a partir de los siete años.
La decisión del Gobierno regional llega tras meses de polémica por las colas registradas esta primavera ante la Oficina de Gestión del Consorcio, donde numerosos migrantes en situación irregular solicitaron el certificado de la tarjeta de transporte para acreditar arraigo en los procesos de regularización impulsados por el Ejecutivo central.
Hasta ahora, para conseguir el abono transporte bastaba con identificarse con DNI, NIE o pasaporte, indicar una dirección postal y abonar 4 euros. Desde el lunes, el empadronamiento será obligatorio no solo para nuevas tarjetas, sino también para duplicados y, previsiblemente, para renovaciones, un trámite obligatorio cada diez años.
Desde la Consejería de Transportes explicas a Madridiario que "la medida no introduce ninguna novedad, sino que aplica lo que ya establece la Ley del Consorcio Regional de Transportes: las bonificaciones financiadas con recursos públicos deben destinarse a los residentes de la Comunidad de Madrid o de las comunidades con las que existan convenios".
Fuentes del área añaden que la puesta en marcha de esta medida de 'prioridad regional' se había pospuesto durante tiempo "por las limitaciones tecnológicas, la implantación progresiva del sistema y, posteriormente, por el impacto de la pandemia". Sin embargo, en este momento, "con el sistema plenamente consolidado, es el momento adecuado para aplicarla", apuntan.
El Gobierno regional recuerda que "el 94 por ciento de la financiación del transporte público recae sobre la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos madrileños, por lo que resulta lógico que estas ayudas beneficien prioritariamente a quienes las sostienen con sus impuestos".
La Comunidad de Madrid calcula que el impacto de la medida será reducido "ya que afecta únicamente a un 3,4 por ciento de los usuarios y no tendrá carácter retroactivo: quienes ya disponen del abono lo mantendrán en las condiciones actuales". Entre los afectados se encuentran estudiantes que mantienen su padrón en su provincia de origen pero están matriculados en la región y personas extranjeras con dificultades administrativas para empadronarse.
Según precisan estas mismas fuentes, "la medida preserva los convenios vigentes con Castilla-La Mancha y Castilla y León, mantiene alternativas de transporte ampliamente subvencionadas para los no residentes y contempla excepciones como las familias numerosas". Como reiteran desde Transportes, "se trata, en definitiva, de garantizar una gestión responsable y de proteger los recursos públicos destinados a los ciudadanos madrileños".
La decisión ha generado una oleada de reacciones contrarias en redes sociales al considerar que la medida es contraproducente y sospechar que va contra el derecho europeo.
Adiós a las Tarjetas Transporte de la Comunidad de Madrid a todo el mundo
Desde el lunes 15 se limita su expedición ÚNICAMENTE a la gente empadronada en la Comunidad
Completamente contraproducente y probablemente contra derecho europeo
El "transporte referente mundial" pic.twitter.com/BRueHKMWBQ
Los usuarios denuncian también que la web del Consorcio en la que se solicita cita para las renovaciones impide este viernes realizar la gestión a quienes querían ganar tiempo y solucionar el problema antes de la entrada en vigor de la medida este lunes.
En el ámbito político también se han producido críticas a la medida. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha reclamado al Gobierno regional que dé marcha atrás en la decisión que, a su entender, complica la vida de la ciudadanía y perjudica especialmente a los colectivos más frágiles. En un mensaje difundido en redes sociales, ha calificado el cambio como excluyente y ha acusado al Ejecutivo madrileño de actuar con intención discriminatoria.