El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha dado luz verde a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para recabar información bancaria de Alberto González Amador en relación con diversas sociedades relacionadas con él y con otras personas, dentro de una pieza separada abierta por un presunto delito de corrupción en los negocios.
Así figura en un auto, al que tuvo acceso Europa Press y cuya existencia adelantó la 'Cadena SER', en el que el juez acuerda solicitar a distintas entidades financieras datos sobre movimientos y saldos registrados en sus bases de datos correspondientes a las personas investigadas.
Asimismo, les requiere que remitan de forma directa y confidencial la documentación solicitada, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y la fecha en que se ejecute la resolución, debiendo entregarse debidamente cumplimentada a la Unidad de Policía Judicial.
El pasado abril, la Audiencia Provincial de Madrid desestimó un recurso presentado por la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con el que pretendía impedir que la UCO continuara investigando una causa relacionada con posibles irregularidades distintas de los delitos fiscales y de falsedad documental ya analizados.
La investigación se centra en la adquisición de la sociedad Círculo de Belleza S.L., comprada en 2020 por una empresa vinculada a González Amador por un importe cercano a los 500.000 euros.
La resolución judicial responde a una solicitud realizada por los agentes de la Guardia Civil, que habían reclamado información bancaria, fiscal y de la Seguridad Social. El juez estima conveniente iniciar las actuaciones con el estudio de las cuentas bancarias y pospone para una etapa posterior una eventual ampliación de las averiguaciones a datos tributarios y laborales.
De acuerdo con el auto, las diligencias desarrolladas hasta el momento apuntan de manera "indiciaria y provisional" a la posible existencia de una operación vinculada a la compra de la sociedad Círculo de Belleza S.L. por valor de 500.000 euros.
El instructor indica que se trata de esclarecer si dicha adquisición pudo tener como propósito real el abono de una comisión a una persona relacionada con Quirón Prevención a raíz de las relaciones comerciales mantenidas con González Amador.
El juez fundamenta la medida en la necesidad de conocer el origen y la evolución del patrimonio de los investigados y de su entorno, con el fin de verificar si se produjo un incremento patrimonial no justificado y si este guarda relación con los hechos investigados.
Del mismo modo, considera que la afectación a la privacidad financiera resulta proporcionada al estar respaldada por una investigación penal concreta y acotada.
"La decisión judicial que acuerda esta diligencia no solo ha de ser procesalmente pertinente, sino que debe también insertarse en un marco de tratamiento de datos penalmente legítimo, orientado a fines determinados de investigación, sujeto al deber de colaboración de los destinatarios del requerimiento y constreñido por exigencias de corrección, pertinencia y uso finalista de la información obtenida", señala.
La pieza separada se abrió con el objetivo de determinar si determinadas operaciones societarias y mercantiles vinculadas a González Amador y a las empresas Maxwell Cremona y Masterman pudieron constituir ilícitos distintos de los que motivaron inicialmente la investigación.
Tanto la apertura de esta nueva línea de indagación como la participación de la UCO fueron posteriormente ratificadas por instancias judiciales superiores tras los recursos interpuestos por la defensa.