La posible privatización de la totalidad de la red de albergues de la Comunidad de Madrid ha generado un conflicto entre los trabajadores de los centros y la Administración regional. La decisión del Gobierno autonómico -que afectaría a los albergues juveniles Los Batanes, Las Dehesas, El Escorial y Villa Castora- ha provocado el rechazo de los sindicatos. UGT y CSIT Unión Profesional han sostenido que la medida supondrá un encarecimiento del servicio, pondrá en riesgo su función social y alterará las condiciones laborales de casi 150 trabajadores.
Por su parte, UGT ha considerado que no existen razones objetivas que avalen la externalización de la gestión de los centros. Según la organización sindical, la privatización responde a una ideología que apuesta por reducir la gestión directa de servicios públicos. "Estamos convencidos de que no existen razones económicas para esta privatización", ha sostenido UGT en una nota de prensa. Además, el sindicato ha asegurado que este cambio de modelo provocará un incremento del gasto que deberá asumir la Comunidad de Madrid.
Otra de las principales preocupaciones de trabajadores y sindicatos es la pérdida de la función social que desempeñan los albergues juveniles. "La labor que hacen es esencial", ha asegurado Begoña González, trabajadora del albergue juvenil Las Dehesas de Cercedilla desde 2014. Estos centros son espacios utilizados por centros educativos, asociaciones juveniles o colectivos de personas con discapacidad. “Vienen y hacen actividades medioambientales, conocen la sierra y realizan rutas", ha señalado.
"Servimos como un desahogo a las familias y se da también un apoyo a sus familiares"
Asimismo, Gónzalez ha destacado el carácter inclusivo de estas instalaciones. “Vienen chavales de familias con más capacidad económica y también chavales con menos recursos", ha explicado. La trabajadora ha trasladado a Madridiario que uno de los principales riesgos de una futura privatización es que los precios aumenten hasta expulsar a gran parte de los usuarios habituales. "Servimos como un desahogo a las familias. Los chavales pasan allí el fin de semana o las vacaciones y se da también un apoyo a sus familiares", ha destacado.
En este sentido, la trabajadora ha recordado que hace años se produjo una subida significativa de las tarifas que tuvo consecuencias sobre determinados colectivos. "Se duplicó el precio de los albergues y los grupos scouts que venían de viernes a domingo empezaron a reducir estancias y servicios", ha detallado a este digital. "La privatización supondría una subida del precio porque lógicamente se convierten en un negocio", ha afirmado. "Muchos grupos, asociaciones y jóvenes dejarían de utilizarlos. Sería simplemente como un hotel más en la sierra", ha dicho Begoña.
Los trabajadores también han cuestionado los argumentos de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales para la externalización de todos los albergues juveniles. González ha rechazado que existan problemas de demanda. “Estamos a tope de ocupación. Hay fines de semana que tenemos que decir que no a la gente porque estamos llenos", ha asegurado. Además, según ha relatado Begoña, estos centros son económicamente viables. "Es un motivo político claramente", ha afirmado.
La medida también tendrá perjuicios importantes para las plantillas. Los cuatro albergues emplean aproximadamente a 150 trabajadores entre personal fijo e interino. Por su parte, la Comunidad de Madrid ha trasladado que no habrá pérdida de empleo público porque los trabajadores serán reubicados en otros recursos de la Administración.
"Aprobé una oposición y estudié muchísimo para conseguir una plaza que me permitiera trabajar cerca de mi casa"
"Lo primero que queremos es que no cierren", ha resumido González. La trabajadora ha explicado que muchos empleados eligieron estos destinos tras años de preparación y procesos selectivos. En su caso, vive a apenas dos kilómetros de su centro de trabajo. Una reubicación podría obligarla a desplazarse diariamente decenas de kilómetros. "Aprobé una oposición y estudié muchísimo para conseguir una plaza que me permitiera trabajar cerca de mi casa. Ahora probablemente me mandarán a otro recurso completamente diferente", ha lamentado. A ello se suma la incertidumbre que afecta al personal interino,- aproximadamente la mitad de la plantilla- cuyo futuro sigue sin estar claro.
Desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales han negado que la medida suponga una privatización de la red de albergues juveniles. Según han explicado a este periódico digital, el Ejecutivo licitará la gestión de los cuatro centros situados en Cercedilla, San Lorenzo de El Escorial y Rascafría “para que los gestionen entidades especializadas del sector del ocio educativo y la hostelería. Una gestión más profesionalizada, flexible, con un refuerzo de las actividades y adaptada a las necesidades reales de unos centros con funcionamiento similar al de establecimientos turísticos”, han comentado.