La Comunidad de Madrid ha llevado a cabo dos derribos de edificaciones ilegales en el municipio de Chinchón con el objetivo de frenar la expansión de urbanizaciones no autorizadas en suelo protegido de la Vega del Tajuña.
La actuación se ha producido después del incumplimiento reiterado de resoluciones administrativas por parte de los responsables de las construcciones. Según el Gobierno regional, la intervención busca proteger este entorno natural y preservar un área de elevado valor agrícola, tradicionalmente dedicada a cultivos de regadío.
En los últimos años, la zona ha sufrido un deterioro progresivo debido al abandono de la actividad agraria y a la aparición de construcciones residenciales dispersas, incompatibles con la normativa urbanística vigente.
Las edificaciones derribadas se encontraban en una parcela clasificada como suelo no urbanizable protegido. Además, el terreno estaba afectado por contaminación procedente de vertidos a cauces públicos, en un ámbito donde la legislación prohíbe expresamente tanto la edificación como la parcelación urbanística.
De forma paralela, la Dirección General de Urbanismo ha detectado en la misma zona una división ilegal del terreno en 25 subparcelas independientes, sin título habilitante.
En el área ya se han identificado movimientos de tierra, pozos de agua y anuncios de venta, lo que, según la Comunidad, evidencia un proceso activo de comercialización y transformación del suelo.
El Ejecutivo regional advierte de que, si esta situación llegara a consolidarse, supondría la creación de una urbanización residencial ilegal en suelo no urbanizable protegido por su alta productividad agrícola, algo incompatible con la normativa vigente.
Ante estos hechos, la Comunidad ya ha iniciado el expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística y el correspondiente procedimiento sancionador, tras practicar las primeras notificaciones.
En el operativo han participado técnicos de la Subdirección General de Inspección y Disciplina Urbanística, junto con unidades de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Morata de Tajuña y Chinchón, además de la Policía Local del municipio.
El Gobierno regional ha informado de que, mediante el Plan de Inspección y Disciplina Urbanística, se han ejecutado 13 derribos en menos de un año. De ellos, tres han sido realizados por ejecución subsidiaria de la Administración regional y diez de forma voluntaria.
Además, se han llevado a cabo 173 inspecciones, se han incoado 66 expedientes de disciplina urbanística y 65 expedientes sancionadores, se han tramitado 83 requerimientos de información, 308 diligencias previas y 14 expedientes de ejecuciones subsidiarias.
La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior ha advertido de que este tipo de construcciones ilegales comprometen la protección del territorio, favorecen la degradación de espacios de alto valor ambiental y generan inseguridad jurídica para los ciudadanos.