La Policía Municipal de Madrid ha comunicado este viernes el desalojo de uno de los últimos residentes que permanecían en los apartamentos municipales para mayores San Francisco, situados en el barrio de La Latina, después de que el Ayuntamiento obtuviera autorización judicial para acceder a la vivienda.
Con esta actuación, son ya tres las personas que han abandonado el inmueble en el marco del proceso impulsado por el Consistorio para vaciar el edificio y ejecutar una rehabilitación integral destinada a corregir distintas deficiencias estructurales y de seguridad.
Actualmente quedan cuatro residentes pendientes de resolución judicial, aunque el Ayuntamiento ha precisado que, por ahora, solo dispone de autorización para actuar sobre uno de los casos.
La Asociación Vecinal La Chispera, que respalda a los inquilinos que rechazan abandonar el edificio, alertó de la intervención policial a través de sus redes sociales, donde denunció que se estaba produciendo “el desahucio” de uno de los mayores.
Fuentes municipales han defendido, sin embargo, que la actuación responde únicamente a criterios de seguridad. Según explican, el inmueble presenta problemas de conservación que podrían comprometer la integridad física de los residentes. Por ello, subrayan que la persona desalojada contará con una plaza en una residencia municipal mientras duren las obras.
Los vecinos afectados aseguran vivir la situación con preocupación e incertidumbre. Uno de los residentes que todavía permanece en el edificio ha explicado a Europa Press que los inquilinos se sienten “tristes” e “indefensos” ante la posibilidad de perder sus viviendas. A su juicio, el desalojo supone una “injusticia”, ya que considera que el inmueble “está en perfectas condiciones”.
El pensionista, que afirma disponer de pocos recursos económicos y residir allí desde hace 15 años, sostiene además que cuenta con un contrato vitalicio. También rechaza los argumentos municipales sobre la necesidad urgente de acometer obras y asegura que en los dos años que parte del edificio lleva vacío “no han hecho nada”. Incluso desliza la sospecha de que el objetivo final del Ayuntamiento sería destinar el inmueble a “pisos turísticos”.
El conflicto se inició en 2024, cuando el Consistorio notificó a los 61 usuarios del equipamiento asistencial que debían abandonar temporalmente los apartamentos para permitir una reforma integral valorada en 3,8 millones de euros. La mayoría aceptó ser realojada en otros recursos municipales, pero cuatro residentes se negaron a marcharse.
Tras agotarse el plazo fijado para el abandono voluntario, el Ayuntamiento optó por acudir a los tribunales en junio de 2025 para poder ejecutar los desalojos y desbloquear unas obras que, según el Gobierno municipal, resultan imprescindibles.
Desde el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad insisten en que la rehabilitación solo puede desarrollarse sin ocupantes dentro del edificio. Además, lamentan que la negativa de los últimos residentes haya retrasado la intervención y perjudicado a los otros 57 usuarios que aceptaron el traslado y permanecen realojados desde octubre de 2024.
El Consistorio asegura igualmente que a las personas que continúan en el inmueble se les han ofrecido las mismas alternativas habitacionales que al resto de vecinos, incluyendo plazas temporales en residencias municipales con servicios de manutención, lavandería, fisioterapia y atención sanitaria.
Asimismo, garantizan que, una vez finalicen las obras, todos los usuarios podrán regresar a los mismos apartamentos y mantendrán las mismas condiciones económicas. La remodelación, añaden, permitirá además habilitar siete nuevas plazas que actualmente no pueden ocuparse debido al estado del edificio.