La alcaldesa de Velilla de San Antonio, Antonia Alcázar, ha defendido este jueves en el juicio por un presunto delito de prevaricación urbanística y ambiental que siempre actuó confiando en los criterios de los funcionarios y técnicos municipales ante las denuncias vecinales por las molestias ocasionadas por la actividad del restaurante El Casón de la Quinta de San Antonio.
La vista oral ha quedado vista para sentencia después de que las partes presentaran sus informes finales. El procedimiento judicial se inició a raíz de las reiteradas reclamaciones formuladas por vecinos de varias viviendas próximas a la finca, quienes denunciaban desde hace años ruidos, celebración de eventos y posibles incumplimientos relacionados con horarios y licencias.
Junto a la regidora se sientan en el banquillo otros tres responsables municipales. La Fiscalía mantiene para todos ellos una petición de tres años de prisión y doce años de inhabilitación para ejercer cargos públicos vinculados a competencias urbanísticas y medioambientales.
Durante su intervención, la fiscal sostuvo que el Ayuntamiento no impulsó inspecciones ni expedientes sancionadores pese a las continuas denuncias presentadas por los residentes. “Nadie hizo nada para dar una solución a los vecinos”, afirmó, al considerar que existió una dejación de funciones por parte de los acusados en materia de control ambiental.
El Ministerio Público considera acreditado que entre 2015 y 2019 se omitieron actuaciones frente a las molestias derivadas de bodas y celebraciones organizadas en el establecimiento.
En su declaración, Alcázar explicó que tuvo conocimiento directo del conflicto en un pleno municipal celebrado en septiembre de 2023, cuando varios afectados acudieron a exponer la situación. La alcaldesa aseguró que los responsables políticos deben apoyarse en el trabajo de los técnicos municipales y reiteró que tenía “fe ciega en la administración”.
Según indicó, la tramitación de este tipo de asuntos corresponde a los departamentos competentes y no toda la información llega de manera directa a la Alcaldía. Además, defendió que no podía intervenir en decisiones técnicas ni “presionar” a los funcionarios municipales.
La regidora enmarcó el conflicto como un problema de convivencia entre la finca y los vecinos y explicó que el Ayuntamiento intentó promover una reunión entre ambas partes para buscar una salida consensuada, aunque, según dijo, los residentes rechazaron participar.
Preguntada por la Fiscalía sobre la ausencia de medidas sancionadoras, Alcázar insistió en que necesitaba informes técnicos antes de adoptar cualquier decisión. También señaló que el Consistorio carecía de sonómetro y que era necesario formar a trabajadores municipales y técnicos para realizar mediciones acústicas adecuadas.
A preguntas de la acusación particular, la alcaldesa respondió que la falta de sanciones pese a la existencia de expedientes abiertos debía ser aclarada por los técnicos municipales. “Yo no les puedo obligar”, manifestó.
Durante la sesión también prestaron declaración varios vecinos afectados, quienes describieron una situación de “desprotección total” durante años debido a los ruidos y celebraciones procedentes del restaurante.
Uno de los denunciantes afirmó que las molestias se prolongaron durante cerca de dos décadas y aseguró que incluso durante el confinamiento se siguieron celebrando bodas en la finca. El testigo relató que llegó a plantearse abandonar su vivienda porque “no se podía estar” por el ruido constante.
El vecino aseguró además que trasladó personalmente a la alcaldesa más de un centenar de denuncias acumuladas y criticó que, pese al tiempo transcurrido, no se adoptaran medidas efectivas.
Según explicó, en una reunión celebrada en enero de 2025 la única solución planteada por los técnicos municipales fue instalar pantallas acústicas, propuesta que calificó de “insultante”.