La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, informó a través de X que la Audiencia Nacional decidió paralizar la declaración de la Real Casa de Correos como lugar de memoria democrática. Esta sede del Gobierno presidido por ella fue el refugio durante los 40 años de franquismo la Brigada Político Social (BPS) encargada de detener, torturar y, en su caso, asesinar a todo tipo de opositores a la dictadura asesina del general Francisco Franco. En sus dependencias había celdas y despachos por donde se movían los torturadores dirigidos por Roberto Conesa, entre ellos, el conocido como Billy el Niño.
Mi buen amigo Jesús Pedroche, exdirigente del PP de Madrid y expresidente de la Cámara regional, me comentó que él ocupó como consejero de Presidencia en el Gobierno presidido por Alberto Ruiz Gallardón el despacho del que fuera director General de Seguridad en los tiempos de la represión antifranquista. Me dijo que se dejó una sola celda como muestra de lo que había ocurrido en aquellos tiempos. Se mostró extrañado y triste de la decisión de la Audiencia Nacional. También muy contento de que el Tribunal Supremo haya rechazado paralizar la regularización de inmigrantes, solicitada por Ayuso. Consideró que ‘prioridad dignidad’ debe la guía de actuación en estos tiempos en los que los negacionistas avanzan junto a la extrema derecha.
Yo nunca estudié derecho porque siempre estuve inclinado hacia el lado izquierdo por mi diversidad funcional, pero seguro que los miembros de la Audiencia Nacional, igual que Ayuso, saben que la historia de Sol estuvo ligada durante 40 a la policía política de Franco y fue un lugar oficial de tortura.
Es importante recordar estos lugares para honrar a las víctimas y reconocer y confrontar el pasado para evitar la repetición de errores. También es necesario recordar que varios países con dictaduras han transformado lugares de tortura en espacios de memoria. Algunos ejemplos notables son, entre otros, Argentina, Chile, Uruguay o Sudáfrica.
Entre los argumentos de Ayuso está que pueda generar un efecto adverso en la imagen institucional colocar una placa en la entrada principal a la sede de la Presidencia regional. Se trata de una placa en memoria de las decenas de miles de luchadores contra Franco y por la libertad, la misma libertad que ha posibilitado que Ayuso, por ejemplo, disfrute de la democracia. Yo envié en 2024, como ex preso político, una carta a Ayuso pidiendo la colocación de esa placa en recuerdo a todas las personas que fueron maltratadas por un buen número de esbirros de la dictadura.
La falta de reconocimiento de los derechos de los detenidos y torturados en la sede de Sol refleja una grave falta de empatía y una negación de la historia. No reconocer los derechos de las víctimas es una forma de perpetuar el sufrimiento. Ayuso ha llegado a decir que ¿quién reconoce las víctimas del otro lado? No sé a qué se refiere. En 1931 llegó la II República, luego un golpe de Estado, después una guerra civil y por último una dictadura que duró 40 años y en la que solo había un bando encargado de acabar con todos los que no fueran del Movimiento Nacional. Además, de ignorar el impacto en las vidas de quienes sufrieron allí, no reconocer los derechos de las víctimas es una forma de perpetuar el sufrimiento.
Tampoco se debe olvidar que en algunos países donde hubo dictaduras, y donde se han establecido sitios de memoria, ha habido retrocesos en la política de memoria histórica con la llegada de líderes reaccionarios como Javier Milei en Argentina. Esto mismo está sucediendo en muchas instituciones en las que el PP ha dado cancha a Vox para seguir gobernando. Esto suele suceder por varias razones. Algunos líderes persiguen minimizar o negar la gravedad de las violaciones a los derechos humanos, lo que afecta la percepción pública y el reconocimiento de las víctimas. También puede haber recortes en la financiación de museos y programas educativos que promueven la memoria histórica.
De esta forma, se implementan políticas que cuestionen la verdad histórica, lo que puede llevar a la deslegitimación de los testimonios de las víctimas. Estos retrocesos generan preocupación entre los defensores de los derechos humanos y falta de reconocimiento de la historia reciente.
En fin, Ayuso siente que esta decisión de la Audiencia Nacional le ha echado un cable en su obsesión/capricho de edulcorar la represión de la dictadura. Es una barbaridad, fruto de la ignorancia o de una mala leche significativa, no reconocer el papel de la BPS como agente represor al servicio de un régimen asesino y negar que la sede de estos torturadores en la hoy sede del despacho de Ayuso fue el epicentro de la tortura y represión del régimen franquista.