El nuevo programa estatal contará con una dotación de hasta 7.000 millones de euros, el triple que el anterior plan, y prevé movilizar sus efectos a partir del segundo semestre del año. De esa cantidad, la Comunidad de Madrid recibiría 1.113 millones de euros, convirtiéndose en la segunda región con mayor asignación presupuestaria, solo por detrás de Andalucía.
El plan establece además un nuevo modelo de financiación en el que el Estado asumirá el 60 por ciento de la inversión y las comunidades autónomas deberán aportar el 40% restante. Este esquema supone un incremento significativo del esfuerzo económico regional respecto a programas anteriores, en los que las autonomías financiaban el 25% del presupuesto.
El consejero madrileño de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, criticó duramente el planteamiento del Gobierno central antes y durante la reunión sectorial. Según el dirigente autonómico, el Ejecutivo de Pedro Sánchez impulsa un “plan propagandístico” elaborado “sin consenso” y diseñado para “imponer un modelo ideológico” en materia de vivienda.
Rodrigo sostuvo que el sistema de financiación es “profundamente injusto” porque, a su juicio, el Estado “solo duplica” su aportación mientras obliga a las comunidades a “multiplicarla por cinco”. “Moncloa pone el titular y las autonomías ponen la cartera”, afirmó el consejero, quien también reprochó al Ministerio haber ignorado las alegaciones presentadas por la Comunidad de Madrid durante la tramitación del programa.
Desde el Gobierno regional consideran especialmente controvertido el blindaje permanente de las viviendas públicas financiadas con fondos estatales, una de las principales novedades del plan. El Ejecutivo central pretende que todos los inmuebles construidos o adquiridos con cargo al programa mantengan indefinidamente su condición de vivienda protegida para evitar procesos de descalificación y especulación futura.
Además, el Ministerio ha incorporado cláusulas antifraude en las adjudicaciones, sistemas de control y seguimiento de promociones financiadas con dinero público y una evaluación anual a cargo del Consejo Asesor de Vivienda. El programa destinará el 40 por ciento de su presupuesto a ampliar la oferta de vivienda protegida permanente, otro 30 por ciento a rehabilitación residencial y el 30 por ciento restante a ayudas para la emancipación juvenil, reducción de la tasa de esfuerzo financiero y actuaciones en zonas tensionadas.
La Comunidad de Madrid cuestiona igualmente que el acceso a determinados fondos quede condicionado al intercambio de información sobre fianzas o a la participación institucional junto al Ministerio. Rodrigo calificó estas medidas de “amenazas desproporcionadas” y defendió que el Gobierno central “confunde gobernar con colonizar competencias”.
El consejero madrileño también criticó el calendario de aplicación del plan, al considerar que llega “rematadamente tarde” y que el retraso en la firma de convenios impedirá ejecutar plenamente algunas actuaciones previstas para 2026. Según explicó, la Comunidad ya había reservado 88 millones de euros para políticas de vivienda, pero carece todavía del marco jurídico necesario para ponerlas en marcha.
Por su parte, el Ministerio dirigido por Isabel Rodríguez defiende que el nuevo Plan Estatal de Vivienda mantiene los criterios de reparto anteriores y busca alcanzar un acuerdo con todas las autonomías para responder al problema de acceso a la vivienda, especialmente entre jóvenes y colectivos vulnerables.
En términos territoriales, Andalucía será la comunidad con mayor volumen de recursos, con 1.197 millones de euros, seguida de Madrid, con 1.113 millones, y Cataluña, con 1.015 millones. La Comunidad Valenciana recibirá 798 millones de euros, mientras que Galicia contará con 399 millones y Castilla y León con 378 millones.