Sí, pero no. No, pero sí. O, quizás, tal vez. Hasta la fecha, la Comunidad de Madrid no se había pronunciado con certeza en torno a la asunción -o no- del Plan de Vivienda diseñado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Habían anticipado, y además con suma contundencia, su postura crítica al respecto. No es la fórmula adecuada, defienden. Pero en ningún caso su adhesión. A decir verdad, tampoco su rechazo definitivo a los fondos, hasta 1.113 millones de euros.
Todo en condicional. Y si... La ambigüedad parecía haberse apoderado de los de Isabel Díaz Ayuso. Al menos en esta cuestión particular. Extraño viniendo de un Consejo de Gobierno tan contundente en lo ideológico como en lo puramente práctica. Más aún en materia de vivienda, con su cacareada negativa a la aplicación de las zonas tensionadas y los topes al alquiler recogidos en la normativa estatal. Tocaba, por tanto, posicionarse.
Cuestionado al respecto en el marco de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García Martín, ha terminado por despejar la 'X' y confirmar, de una vez por todas, que "participaremos" en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Aunque, eso sí, ha matizado a renglón seguido, a disgusto. A regañadientes. En la práctica, ha asegurado, desde una perspectiva "crítica".
"No es el camino que a nosotros nos gustaría. Creo que va en el camino equivocado. Y, para muestra, lo que está pasando en nuestro país con la vivienda (…). Participaremos, pero también criticaremos toda esa política. Esa deriva del Ministerio de Vivienda que no está conduciendo a otra cosa que no sea que haya menos oferta y que estén subiendo los precios", ha resumido al respecto el también consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local.
Con anterioridad, el titular del área de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, el competente en la materia, había dejado la cuestión en el aire. La condición sine qua non a fin de abrazar la hoja de ruta de La Moncloa era, de hecho, su debate previo en el seno de la Conferencia Sectorial del ramo, órgano que reúne periódicamente al Ministerio y a los representantes de cada región.
"Lo que queremos ver es, con profundidad, cómo va a ser el reparto -de fondos-, cómo va a funcionar ese plan, en qué nos va a afectar a los madrileños, y, desde luego, tenemos que tener en cuenta que el 40 por ciento lo ponen las comunidades autónomas, que tendremos algo que decir al respecto", había argumentado un crítico Rodrigo.
A tenor de las últimas novedades, papel mojado. No haría falta esperar tanto. Sin necesidad de cumbre entre Gobierno central y regional, convocada para este mismo jueves, ya había fumata blanca: la Comunidad dispondrá de ese empujón extra en su tesorería a fin de paliar las consecuencias derivadas de la crisis de acceso a la vivienda.
Todo apunta, eso sí, a que el visto bueno madrileño al reparto recursos adicionales no representa, en absoluto, la última palabra del conflicto en ciernes. Y es que desde la propia Comunidad deslizan ya la posibilidad de presentar algún tipo de recurso ante los tribunales en un futuro más o menos próximo.
El foco de este horizonte judicial, en concreto, sobre la "protección permanente" de la vivienda pública. Un grado especial que consideran "ideológico" y contrario a los principios constitucionales en base a una presunta invasión competencial.