De 10.500 millones de euros en octubre de 2025 a 12.367 en mayo del 2026. Un incremento, por ende, de 1.867 millones en poco más de medio año, unos 267 al mes, cerca de nueve cada día, equivalente ya al 40 por ciento del Presupuesto autonómico para el presente curso.
La Comunidad de Madrid ha vuelto a ofrecer cifras concretas en torno a la "deuda consolidada" del Gobierno central para con la región fruto del "incumplimiento" en la prestación de servicios públicos, transferencias y otros compromisos legales adquiridos y, sin embargo, aún pendientes o, directamente, "no atendidos".
Un "impago", transformado poco a poco en "asfixia", que bebe de la "quiebra de la lealtad institucional" y que trae de nuevo consigo la amarga queja, la enésima, de los de Isabel Díaz Ayuso, además de ser sinónimo inequívoco de nuevas -y viejas- batallas judiciales en el horizonte pues "lo tenemos todo recurrido" ya que "la situación es cada día más insostenible".
Relaciones rotas, cero diálogo, ni siquiera por carta, y, más grave si cabe, sin viso alguno de reconducirse más allá de los tribunales. Al menos a corto o medio plazo. O, todo apunta, hasta que no haya un cambio de signo político en una de las dos administraciones.
El enfado es tal que, por voz de su consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, el Ejecutivo autonómico no duda un ápice en denunciar que La Moncloa haya optado por "secuestrar" el dinero de todos los contribuyentes madrileños, lastrando -o, en el mejor de los casos, dificultando- la dotación de los servicios públicos de titularidad regional.
De la sanidad a la educación, pasando por los transportes o la atención a la dependencia, ámbito que origina el saldo negativo en un ya lejano 2009, momento en el que se aprueba el popularmente conocido como decreto de "grandes dependientes" por el que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero se compromete a financiar, a medias con las comunidades autónomas, tales partidas, y que representa todavía hoy unos de los principales quebraderos de cabeza en la hoja de ruta madrileña para la elaboración de sus cuentas.
Servicios públicos, en cualquier caso, que por el momento continúan "garantizados". Aunque, fruto de ese particular agujero negro, fuentes de la propia consejería aludan a la necesidad de acudir "a los mercados privados" para "financiarse". Un recurso que no es gratuito y que, pese a lo "bajo" de los intereses suscritos, termina por "generar deuda".
Tampoco correría peligro, aclaran mismas fuentes, la prometida bajada de medio punto en el tramo autonómico del IRPF y que, salvo giro de guion, se materializará a lo largo de 2027: "Es nuestro compromiso y así se hará. Afortunadamente son deudas que vienen de lejos y podemos anticiparnos. Lo tenemos todo perfectamente contabilizado".
"No podemos seguir siendo el cajero automático de Sánchez"
Todo mediado por la "anomalía democrática sin precedentes" que a ojos de Albert supone que los de Pedro Sánchez no hayan siquiera presentado proyecto de Presupuestos ante las Cortes generales en los últimos tres años.
"Lo más gordo es que no han conseguido los apoyos suficientes -para aprobar las cuentas- pese a haber dado todo tipo de concesiones al independentismo, como el nuevo modelo para la financiación autonómica. Es grotesco, el sumum del desorden", trasladan otras fuentes del Ejecutivo madrileño consultadas por Madridiario.
Al hilo, la titular ha señalado esta "excusa", la ausencia de Presupuestos, como eje vertebrador en la reinante desactualización de las entregas a cuenta. Partida que "supone hasta el 77 por ciento de los ingresos autonómicos".
En la práctica, ha desglosado la consejera durante un encuentro con la prensa celebrado el pasado viernes, la Comunidad estaría percibiendo un montante "sensiblemente inferior al que le corresponde": 129,45 millones de euros menos al mes entre los meses de enero y marzo, cuando entró en vigor la prórroga de las entregas a cuenta de 2025 vía Real Decreto Ley 2/2026, y 376 a partir de abril, una vez este decayó, llevándose así a cabo las entregas conforme a lo previsto en el último Presupuesto aprobado, el de 2023.
La "merma" acumulada supera de esta forma los 750 millones, a lo que habría que sumar otros cerca de cinco entre intereses pagados por la citada financiación de "emergencia" y la "rentabilidad perdida".
Con el objetivo de abordar la situación, Albert envió el pasado 29 de abril una carta al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España. Entre las exigencias recogidas en la misiva, además de la protocolaria felicitación por su reciente nombramiento, la aprobación, con carácter "urgente", de un Real Decreto Ley "específico", "no mezclado con desahucios, vivienda, fiscalidad" u otros asuntos polémicos, que actualice las entregas a cuenta, impidiendo así la "mera prórroga" de las de 2025.
En privado, otras voces autorizadas del Gobierno regional vaticinan que la transferencia correspondiente a las entregas a cuenta de este curso no llegará a la tesorería de Sol, tal y como ocurriese el pasado curso, hasta, como mínimo, el mes de julio: "No nos dan esos fondos a modo de chantaje, pero a quienes realmente están perjudicando es a los madrileños".
Otro de los focos de la crítica madrileña se centra sobre el modus operandi del Gobierno central, apoyado en la estrategia del "yo decido -en referencia a la aprobación de todo tipo de iniciativas vía Consejo de Ministros- y tú -las comunidades autónomas responsables últimas de proveer los servicios públicos- pagas".
"El método se repite con cada norma. Consiste en decisiones aprobadas, llevadas a las conferencias sectoriales para informar, que no para negociar, y que en la mayoría de los casos no incluyen memoria económica que cuantifique su impacto sobre las arcas autonómicas", ha expuesto la propia consejera.
El último ejemplo, apostillaba a renglón seguido, el 'Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio', que rebaja hasta el 30 de junio el IVA de la electricidad y los carburantes y los impuestos especiales sobre electricidad e hidrocarburos, todos ellos cedidos -total o parcialmente- a las comunidades. El impacto en Madrid, hasta 206 millones de euros.
O también la subida retributiva pactada para los empleados públicos, que supone 888 millones para la Comunidad tanti en 2025 como en 2026, elevándose a cerca de 2.000 millones en 2027 y 2028.
De acuerdo con los datos brindados por la Consejería, de los 12.367 millones de euros que el Estado adeuda a la Comunidad de Madrid, Economía, Hacienda y Empleo concentra más de la mitad, 6.276. De ellos, 4.513 corresponden al tope al Fondo de Competitividad acumulado entre 2019 y 2023, 765 al retraso en las entregas a cuenta de 2026, y 993 a la "infrafinanciación" relativa a los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
En segunda posición de esta particular clasificación, mediada por el "incumplimiento" respecto al compromiso de financiar el 50 por ciento de la Ley de Dependencia, ya que "apenas se estaría cubriendo el 28 por ciento", figura Familia, Juventud y Asuntos Sociales, con un debe de 2.668 millones a sus espaldas.
Medio Ambiente, Agricultura e Interior, por su parte, eleva la cifra a 2.785 millones: 1.580 del tercer ciclo del Plan Hidrológico del Tajo y 1.200 más de las obras todavía pendientes en las Estaciones Regeneradoras de Aguas Residuales de La China, Butarque y Sur.
La "deuda" se completa con 417 millones del Consorcio Regional de Transportes, dependiente del área de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, 149 en Sanidad, 61 en Presidencia, Justicia y Administración Local y los diez restantes en Educación, Ciencia y Universidades.
"No pueden seguir legislando con la caja de las comunidades. No podemos seguir siendo su cajero automático. Y esto no es una queja, es un balance. No se puede gobernar sin Presupuestos ni memorias económicas. No se puede comprometer presupuestos que no son tuyos. ¿Sabes lo que es tener cuadradas las cuentas y tener que cambiarlo todo a última hora? Tampoco se puede comprometer los servicios públicos que prestan otros. Pedro Sánchez confunde gobernar con repartir facturas", resumen, con suma indignación, desde Sol.