Los principales sindicatos y formaciones políticas de la Comunidad de Madrid han aprovechado la manifestación del Primero de Mayo para situar en el centro de sus reivindicaciones la crisis de la vivienda y el refuerzo de los servicios públicos, así como hacer un llamamiento a la paz internacional. La movilización madrileña se ha celebrado este año sin acoger el acto nacional, trasladado a Málaga.
Unas 3.000 personas han acudido a la movilización que ha arrancado a mediodía en Gran Vía y ha finalizado en la Plaza de España con el lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia'.
Antes del inicio de la marcha, representantes de los sindicatos regionales CCOO y UGT han dirigido sus demandas a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, mientras que Más Madrid y PSOE-M han participado también en la concentración con mensajes centrados en los derechos laborales, la igualdad y el modelo social.
La secretaria general de CCOO Madrid, Paloma López, ha reclamado al Gobierno autonómico medidas urgentes para frenar el deterioro de los servicios públicos y ha criticado el destino de recursos públicos hacia empresas privadas en ámbitos como sanidad, educación o residencias.
López ha advertido de que la privatización debilita la cohesión social y la igualdad, y ha pedido que la Comunidad aplique la Ley Estatal de Vivienda para declarar zonas tensionadas, además de impulsar vivienda pública y establecer impuestos a grandes patrimonios y fondos especulativos.
La dirigente sindical ha subrayado también que las reivindicaciones laborales afectan al conjunto de los trabajadores, con independencia de su origen o nacionalidad, y ha defendido la negociación colectiva como herramienta clave para redistribuir riqueza. En este sentido, ha avisado de que existen numerosos conflictos abiertos y ha advertido de que, si no hay voluntad de negociación, aumentará la presión sindical.
La secretaria general de UGT Madrid, Susana Huertas, ha asegurado que en la región es necesario “seguir luchando” porque, a su juicio, se está produciendo un cambio de modelo que perjudica a los salarios, la vivienda y la calidad democrática.
Huertas ha puesto el foco en las dificultades de acceso a una vivienda digna, especialmente para los jóvenes, y ha criticado que el mercado esté empujando a muchos trabajadores a compartir pisos en condiciones precarias. También ha defendido que la inmigración debe desarrollarse en condiciones de legalidad y con garantías laborales, para evitar situaciones de explotación.
La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha defendido que la región cuenta con una mayoría social compuesta por quienes dependen de su empleo para vivir, frente a quienes se sostienen por rentas o herencias. En su intervención ha apelado a la unidad de los trabajadores y al papel histórico del movimiento sindical como motor de conquistas sociales.
Además, Bergerot ha destacado la huelga indefinida de educadoras infantiles en la Comunidad de Madrid, que afronta su cuarta jornada, y ha señalado que este conflicto está sirviendo para visibilizar la importancia de los trabajos esenciales y la necesidad de dignificar sus condiciones laborales.
El PSOE de Madrid ha reivindicado la gestión del Gobierno central presidido por Pedro Sánchez y ha fijado como objetivo político un cambio de Gobierno en la Comunidad en 2027 para poner fin a más de tres décadas de ejecutivos del Partido Popular.
El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha defendido que España es un referente en creación de empleo, derechos sociales, transición energética y defensa de los derechos de las personas migrantes. Además, ha cargado contra la presidenta regional acusándola de gobernar para minorías y especuladores, y ha asegurado que queda “un año” para que se consolide un cambio político en Madrid.
Por su parte, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha puesto el acento en el papel de la población migrante en el mercado laboral, recordando que son cientos de miles de trabajadores que, según ha defendido, reclaman dignidad y derechos.
Maroto ha respaldado el proceso de regularización extraordinaria promovido por el Ejecutivo central y ha contrapuesto dos modelos: uno basado en el miedo y la criminalización, que atribuye al PP y Vox, y otro basado en la convivencia y la responsabilidad, que sitúa en el proyecto socialista. También ha criticado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, señalando que la prioridad debe ser garantizar derechos y cohesión social.