Los médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid retoman este lunes la tercera semana de huelga indefinida para mostrar su rechazo al acuerdo de Estatuto Marco pactado entre el Ministerio de Sanidad y varios sindicatos, y exigir un texto propio que reconozca las singularidades del colectivo.
La convocatoria, que da continuidad a los paros celebrados en febrero y marzo, se desarrollará entre el 27 y el 30 de abril. Se enmarca en un calendario intermitente de una semana de huelga al mes en una primera fase que se prolongará hasta junio, con nuevas jornadas previstas del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.
En este contexto, el sindicato Amyts ha organizado distintas concentraciones durante los días de huelga. La primera tendrá lugar este lunes a las 10.00 horas en la puerta principal del Hospital Universitario La Paz. El martes se celebrará otra en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, el miércoles en el Hospital Universitario de Getafe y el jueves en el Hospital Universitario 12 de Octubre. Además, el acto central está convocado el miércoles 29 por la tarde frente al Ministerio, a partir de las 18.30 horas.
Más de 175.000 médicos de toda España están llamados a secundar esta huelga, convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto a organizaciones como Amyts, Metges de Catalunya, el Sindicato Médico Andaluz o el Sindicato Médico de Euskadi, entre otros.
En la Comunidad de Madrid, el comité de huelga —integrado por Amyts, SIME, MUD y AME— ha denunciado los servicios mínimos establecidos por considerarlos "abusivos". La convocatoria afecta a todos los facultativos, incluidos los de Atención Primaria, Hospitalaria y Extrahospitalaria, así como a MIR, FSE y profesionales de centros vinculados al Sermas.
Desde la última convocatoria de marzo se han celebrado cuatro reuniones entre el Ministerio y el comité de huelga estatal sin que se haya alcanzado un acuerdo que evite las movilizaciones. Ambas partes tenían previsto un nuevo encuentro para abordar la creación de mesas de negociación propias para el colectivo, con participación de las comunidades autónomas, pero la ministra, Mónica García, anunció su cancelación al acusar a los sindicatos de incumplir lo pactado.
Por su parte, el comité de huelga ha criticado la "falta de propuestas reales" por parte del Ministerio y ha exigido la dimisión de la titular de Sanidad, a la que atribuye una "manipulación del relato" y "falta de rigor" en el proceso negociador.
El conflicto también se ha visto agravado por la figura del mediador. El pasado 27 de marzo, el Ministerio y las comunidades autónomas acordaron en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que la Plataforma de Organizaciones de Pacientes actuara como mediadora independiente.
Sin embargo, el comité de huelga solicitó su retirada al considerar que se trataba de una "decisión unilateral y no consensuada" y calificó de "improcedente" su designación, al entender que se trata de una parte afectada. “Cualquier atribución de funciones de mediación o interlocución debe ir acompañada de garantías como la neutralidad efectiva, el reconocimiento por ambas partes y la capacitación específica en resolución de conflictos exclusivamente laborales”, señalan desde el comité.
Los convocantes reclaman un Estatuto Marco propio para médicos y facultativos, así como un ámbito de negociación específico "con garantías jurídicas reales y sin dependencia de otras mesas". Entre sus demandas figuran una jornada de 35 horas, una clasificación profesional "justa" y un modelo de jubilación "flexible y sin penalizaciones".
En el ámbito regional, el comité de huelga tiene previsto reunirse esta semana con la Consejería de Sanidad en un segundo encuentro tras el celebrado en marzo. La consejera, Fátima Matute, ya trasladó su apoyo a la creación de un Estatuto Marco propio y reclamó al Ministerio que impulse una negociación "real" con los médicos como interlocutores directos.
Además, los facultativos reclaman un nuevo modelo de carrera profesional "abierto y permanente", con formación especializada, méritos objetivos y sistemas de homologación flexibles, así como el reconocimiento de la singularidad del desempeño médico "con diferenciación retributiva A1/A2". Entre otras medidas, plantean la jubilación anticipada por penosidad, la subida del pago de guardias al 175 por ciento, mejoras para residentes y la equiparación de condiciones entre centros sanitarios.