Pese a no tratarse de una cuestión que -al menos por el momento- incida de manera directa en Madrid, los pactos entre Partido Popular y Vox para desbloquear gobiernos en Extremadura y Aragón y, muy especialmente, el cuanto menos controvertido concepto de "prioridad nacional", uno de los ejes clave en el transcurso de las negociaciones y, claro, posteriores acuerdos, han copado buena parte del protagonismo en la Sesión de Control del Pleno que este jueves se desarrolla en la Asamblea de Vallecas.
En consecuencia, continuos cruces de acusaciones entre las líderes de ambas formaciones en la región. Por un lado, Isabel Pérez Moñino, que no ha dudado un ápice en reprochar a la plana mayor del Ejecutivo madrileño la "prioridad" de la que, al menos a su juicio, gozan en la actualidad los inmigrantes a la hora de acceder a becas, ayudas y, en general, a los servicios públicos de competencia autonómica. Por otro, la propia presidenta, Isabel Díaz Ayuso, quien negaba la mayor, apelaba al arraigo y cargaba a su vez contra la regularización de migrantes puesta en marcha por Pedro Sánchez al considerar que no se estaría llevando a cabo con "orden" ni "racionalidad".
"El futuro de los madrileños pasa por priorizarlos frente a los extranjeros a los que su Gobierno da todas las ayudas"
"Usted ha declarado que la prioridad nacional es ilegal. ¿Cuándo va a denunciarlo? Si cree que vulnera la ley, acuda a los tribunales. Si no lo hace, estará demostrando que solo busca otro titular. Más protagonismo. Ya conocemos su método: mucho marketing y muy poca coherencia (...). Me podrá llamar cateta o anticonstitucional, pero lo legal es defender a los nuestros. Lo ilegal debería ser no hacerlo. El futuro de los madrileños pasa por priorizarlos frente a los extranjeros a los que su Gobierno da todas las ayudas. 2027. Madrid. Prioridad nacional. Le suena bien, ¿verdad? Tic-tac", auguraba Moñino.
"No mientan. Ninguna persona extranjera deja a ningún español fuera de absolutamente nada. Digan por una vez la verdad. En las políticas de vivienda, de empleo, las ayudas a la maternidad o en las plazas de residencias exigimos años mínimos de empadronamiento.También hay ayudas que son ilimitadas, como, por ejemplo, las que están destinadas a las madres. Por tanto, ninguna persona extranjera deja a ningún español fuera", replicaba Díaz Ayuso tras felicitar brevemente a María Guardiola y Jorge Azcón por los pactos suscritos con Vox en los últimos días.
Y, sacando a la palestra la polémica regularización "masiva" de migrantes, añadía: "Estamos en contra del proceso de regularización, mal llamada regularización masiva, porque está siendo ilegal. Por eso el Supremo ha admitido a trámite nuestro recurso (...). En Madrid defendemos el orden y la racionalidad frente a la irracionalidad", mientras -desde La Moncloa- "pretenden atascar nuestros servicios públicos para hacernos daño y promover la tensión y la inseguridad en las calles. El problema es que su última ocurrencia está multiplicando las mafias que retienen pasaportes, que fabrican documentación falsa, que cobran por citas que son gratis en los ayuntamientos...".
Por su parte, las fuerzas progresistas, Más Madrid y PSOE-M, han preferido centrar el tiro sobre la vigente crisis de acceso a la vivienda. Aunque, eso sí, con distintos matices en sus recetas. Así, para Manuela Bergerot la hoja de ruta al respecto debe necesariamente pasar por "prorrogar" y "regular" los precios del alquiler a fin de "poner límites a los caseros". Y es que "no existe derecho a tener diez casas" pues "para que un casero tenga diez casas hace falta que diez familias no tengan ninguna. Nadie debería tener diez casas y al que las tenga hay que freírlo a impuestos y expropiárselas".
"Nadie debería tener diez casas y al que las tenga hay que freírlo a impuestos y expropiárselas"
Algo más tibia, Mar Espinar optaba más bien por seguir la línea elegida por el Gobierno central y celebrar la reciente aprobación del Plan Estatal de Vivienda. O lo que es igual, dotar de más recursos a las comunidades autónomas para la construcción de más pisos con algún tipo de protección pública. Todo, claro, bañado con constantes dardos frente al rechazo inicial a la medida por parte del Partido Popular madrileño y que ha terminado por tornarse en un sí a regañadientes.
"¿Qué ha pasao, señora Ayuso? ¿Le han temblado las piernas? Ha pasado de denunciar por inconstitucionalidad al Plan Estatal de Vivienda a adherirse a él en apenas 24 horas. Y es que, claro, renunciar a 1.100 millones para construir vivienda no era solo un hórdago a Pedro Sánchez, era reírse la cara de todos los madrileños que no pueden pagar un alquiler ni comprar una casa. Mire, si está en su cabeza desviar esos 1.100 millones para que sus colegas sigan haciendo negocio, olvídese porque vamos a estar muy vigilantes", advertía la primer espada socialista en la Cámara.
La respuesta Popular, apoyada en las cifras, presumir de planes propios de vivienda, tales como el Plan Vive y Alquila, a fin de promover más de 70.000 viviendas con algún tipo de protección a lo largo de la vigente legislatura.
"Lo que les ocurre es que quieren hundir a la clase media, como hacen los narcoestados con los que se acuestan, para fomentar la lucha de clases. Lo que quieren es que se acabe directamente con la oferta de alquiler y compra, que es lo que está disparando los precios. Les puede funcionar en Venezuela, en Cuba y en todos los países que han hundido, pero no en una democracia liberal donde cada uno tiene las propiedades que se ha ganado y tiene además derecho a poner su vivienda al precio que le convenga. ¿Quiénes se creen para meter la mano en la hucha de los españoles o en la propiedad de nadie?", sentenciaba la presidenta para cerrar el debate.