Tal y como había avanzado el pasado mes de noviembre la propia presidenta Isabel Díaz Ayuso, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobará este miércoles durante su reunión semanal la nueva Ley de Medidas Urgentes para Vivienda Protegida. El objetivo no es otro que construir más de 18.000 hogares a lo largo de los próximos cuatro años a fin de paliar, en la medida de lo posible, la vigente crisis de acceso a este bien de primera necesidad, con el foco sobre los jóvenes y las familias.
Para conseguirlo, informan desde el Ejecutivo madrileño, "se acortarán los plazos de construcción". Una medida que permitirá "adecuar el ritmo de edificación a la demanda actual del mercado". En la práctica, se trata de poner a disposición de los ciudadanos más vivienda asequible.
Asimismo, el texto recoge "incentivos para incrementar la capacidad sin consumir nuevo suelo ampliando hasta un 30 por ciento la densidad y en un 20 por ciento la edificación". Con ello, en último término, se aspira a aumentar el número de pisos que es posible construir en una misma promoción.
La iniciativa, sin embargo, no ha tardado en recibir críticas por parte de la oposición. Las primeras, las progresistas. Y, en concreto, las de Más Madrid. Para los de Manuela Bergerot, de hecho, tales anuncios "no sirven de nada" si no se aplica en paralelo la Ley de Vivienda estatal.
"Hay que facilitar la construcción de vivienda protegida, pero estas medidas no sirven de nada"
"Por supuesto que hay que facilitar la construcción de vivienda protegida, pero estas medidas no sirven de nada si no hay políticas complementarias para limitar los precios de los alquileres y desincentivar el acaparamiento de viviendas. Tampoco sirve de nada construir vivienda protegida si a los 15 años se convierte en vivienda libre para vender a precio de mercado. Y, desde luego, tampoco sirve si luego la vivienda no es asequible, como ocurre con el Plan Vive (...) para que unas pocas promotoras se sigan forrando", trasladan fuentes de la formación consultadas por Madridiario.
Y apostillan: "El plan de Ayuso tiene más agujeros que un colador y no afronta el verdadero problema: el descontrol de los precios de la vivienda. Si quiere empezar a resolver el problema, que tope los precios del alquiler en lugar de boicotear la prórroga. Y que desincentive la acumulación de viviendas para hacer negocio cobrando alquileres, por ejemplo friendo a impuestos a quienes compren viviendas cuando no vayan a residir en ellas, como propone Más Madrid a través del ITP y el IBI".
Desde el Partido Socialista, por su parte, sacan pecho en torno a la última gran inversión del Gobierno central en materia de vivienda pública para Madrid: una partida de más de 1.100 millones de euros destinados a la construcción de "vivienda asequible" que ya ha recibido el visto bueno definitivo por parte del Consejo de Ministros y que, sin embargo, se habría topado con la negativa del Ejecutivo regional.
"El Gobierno de España ha planteado triplicar la inversión en vivienda pública en Madrid y la Comunidad de Madrid se niega. Es muy grave y lo tiene que saber toda la población. La vivienda es el principal problema de los madrileños y las madrileñas. Lo sabemos todos. Y la Comunidad no quiere triplicar la inversión en vivienda pública porque siguen defendiendo el modelo de la especulación y de los áticos", ha lamentado al respecto el secretario general de los socialistas madrileños y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.