Una vieja polémica regresa a la palestra mediática. Mientras la Comunidad de Madrid ultima -y celebra- la prórroga de la explotación de la concesión minera Tolsadeco, industria que, de confirmarse finalmente la extensión del acuerdo, continuaría garantizando la extracción de sepiolita "de gran calidad" en los distritos madrileños de Vicálvaro y San Blas-Canillejas, un espacio muy próximo a las Lagunas de Ambroz, colectivos ecologistas advierten del potencial impacto, tanto medioambiental como humano, de la decisión.
"La concesión Tolsadeco, que abarca 512 hectáreas entre Vicálvaro y San Blas-Canillejas, alberga las últimas reservas conocidas de sepiolita de máxima pureza, la variedad que permite desarrollar aplicaciones de alta tecnología vinculadas a la transición energética y a la autonomía industrial europea. Sin esta prórroga, esas reservas habrían quedado inaccesibles y Madrid habría perdido un recurso que ningún otro territorio del continente puede ofrecer", justifican fuentes del Gobierno regional consultadas por Madridiario.
Entre los puntos fuertes de la actividad, añaden, la creación de nuevos puestos de trabajo. Y es que, según las estimaciones del propio Ejecutivo, la explotación generará próximamente un total de 1.120 empleos, "entre directos e indirectos", con una facturación de hasta 113 millones de euros y 53 millones destinados a la exportación de "productos finales" fabricados a partir de este componente hacia "más de cien países".
"Es una muy mala noticia tanto para la naturaleza y la biodiversidad de la zona, que está más que documentada en la laguna y en su entorno, como para los ciudadanos, que no va a poder utilizar el espacio para actividades de recreo, pasear, andar en bici... Y encima va a tener que sufrir todos los efectos nocivos que supone una explotación minera", replican sumamente disgustados desde Ecologistas en Acción.
Visión diametralmente opuesta en Sol. Para la Ejecutivo, de hecho, el lugar se reduce en la actualidad a "una acumulación de agua formada en el hueco de la excavación minera tras el cese de la actividad a la espera de la prórroga" y supone, para más inri, un entorno cuanto menos "peligroso".
"En los últimos años el espacio ha sido usado como lugar de baño por ciudadanos que han accedido al recinto a pesar de la prohibición expresa, de encontrarse vallado y de estar señalizado como lugar minero y peligroso. Hay que recordar que no se trata de una laguna natural, si no que se trata de una explotación minera, por lo que resulta peligrosa debido a su gran profundidad en algunos puntos y al tipo de material del terreno, que es arcilloso y se comporta como arenas movedizas. De hecho, ya han ocurrido varios accidentes mortales pese a que la empresa tiene un servicio de vigilancia constante en la zona para evitar incursiones".
Riesgo, en cualquier caso, que se pretende revertir en el año 2037, una vez finalice el periodo de explotación previsto. La hoja de ruta de Isabel Díaz Ayuso pasará entonces por la "restauración" del espacio a fin de dar lugar a "nuevas lagunas permanentes". "El resultado final no será la desaparición del agua, sino su reconfiguración en condiciones seguras y planificadas", garantizan.
Lejos de convencer a los ecologistas, la propuesta no supone, al menos bajo su prisma, "ninguna solución" pues "lo interesante no es mantener el agua, sino los ecosistemas y la biodiversidad que ya existe en la actualidad".
A pesar, aseguran en la Comunidad, de que "el proyecto cuenta con todos los avales medioambientales", la Administración regional habría enviado ya a todas las partes interesadas la propuesta de resolución para recoger, a lo largo de los próximos días, las potenciales alegaciones. Los ecologistas, no obstante, niegan la mayor y lamentan que, "a pesar de que en otras ocasiones nos han considerado parte interesada, en este caso no nos ha llegado ningún tipo de notificación por ahora".
"La restauración no es solución. Seguiremos reivindicando la creación de un espacio natural"
Fuera como fuese, sentencian, "seguiremos reivindicando la creación de un espacio natural. Presentaremos las alegaciones oportunas a pesar de que tenemos muy poca fe en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, y seguiremos promoviendo acciones ciudadanas para conseguir este objetivo".
Ecologistas en Acción cuenta a sus espaldas con un amplio historial de oposición a la actividad. De hecho, en el año 2018 ya denunciaron administrativamente la declaración de impacto ambiental positiva para la prórroga de la explotación al considerar que "no se está valorando adecuadamente la biodiversidad en la laguna".
La sepiolita, explican desde la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad, es una arcilla fibrosa empleada durante décadas como material absorbente, especialmente en arenas para mascotas. Sus aplicaciones, sin embargo, "van más allá del absorbente doméstico" para convertir a este mineral en un "activo estratégico" de la actividad industrial madrileña por su extrema rareza. Sobre todo fruto de su "alta pureza", única a escala europea.
Así, la sepiolita que se extrae en la región permite sustituir al óxido de antimonio, una materia prima "crítica" que "Europa importa casi exclusivamente desde China", sirviendo como "base de aditivos retardantes de llama" para la fabricación de cableado, tuberías, elementos de automoción tales como baterías para coches eléctricos y otros muchos componentes empleados en la construcción. También para catalizadores en la producción de energía limpia y biocidas inorgánicos que ya se comercializan en Europa.
Para muestra de la importancia de esta industria, siempre según los datos aportados por el mismo Gobierno, el hecho de que la fábrica de procesamiento de la región, situada en Vallecas, transforme unas 400.000 toneladas anuales sobre una producción mundial estimada de 600.000.