El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha adelantado que el Consistorio madrileño está estudiando una reforma "muy profunda" del reglamento de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) que podría incorporar criterios similares a los impulados por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, especialmente en lo relativo al arraigo como requisito para cceder a vivienda pública.
Según ha confirmado el regidor, el Ayuntamiento trabaja en una revisión integral de la normativa vigente, aprobada en 2021, con el objetivo de "dar cabida a todas las nuevas realidades" del mercado residencial y mejorar las políticas municipales de vivienda. Martínez-Almeida no ha precisado si se trtará de un nuevo reglamento o de una modificación sustancial del actual, pero sí ha manifestado que los cambios serán de gran calado.
Entre las medidas en estudio se encuentra el aumento del tiempo de empadronamiento exigido para optar a una vivienda protegida, una línea que conecta directamente con el modelo aplicado por el Gobierno regional. En este sentido, el alcalde ha considerado que reforzar el arraigo es "un requisito razonale y adecuado a la realidad de Madrid".
"Queremos que cualquier persona que viva en Madrid pueda tener acceso a una vivienda, pero también entendemos que aquellas personas que lleven más años empadronados merecen un reconocimiento por aprte de la administración", ha señalado. A pesar de que la decisión todavía no está tomada, Martínez-Almeida ha defendido que se trata de "priorizar a quienes tienen una vinculación más prolongada con la ciudad" y no de "excluir solicitantes". Además, ha contado que el nuevo reglamento van a "focalizar" sus esfuerzos en "aquellos que teniendo capacidad económica no pueden hacerlo".
La posible reforma se inspira en parte en las modificaciones recientes del Plan Vive de la Comunidad de Madrid, donde el Ejecutivo autonómico ha incrementado el peso del arraigo territorial. Actualmente, este programa prioriza a quienes acrediten al menos cinco años de empadronamiento en un municipio (frente a lso tres anteriores) y establece escalones adicionales de preferencia para residentes de mayor antigUedad en la región.
Además del criterio del empadronamiento, el Ayuntamiento pretende reorientar su política de vivienda hacia las rentas medias. Martínez-Almeida ha destacado que existe "no solo un problema de vivienda socual, sino fundamentalmente de vivienda asequible", por lo que el Consistorio quiere facilitar el acceso a quines, pese a tener ingresos, no pueden asumir los precios del mercado.
En paralelo, el alcalde ha marcado distancias con la política estatal en la materia, defendiendo un modelo que, según ha explicado, atienda tanto a los colectivos más vulnerables como a quienes quedan fuera de los programas tradicionales de vivienda protegida. "Casa 47 dado que deja fuera de la vivienda a aquellos que perciben menos del 2,5 veces el Iprem, el índice mínimo de referencia, es decir, que los que no tienen recursos económicos no existen para el Gobierno de España (...) Nosotros no, nosotros decimos que tenemos recursos para los que no tienen capacidad económica y que queremos focalizar nuestros esfuerzos también en aquellos que, teniendo capacidad económica, no pueden hacerlo", ha concluido.