El Gobierno ha dado un paso en su agenda legislativa al aprobar en el Consejo de Ministros el intento de reforma constitucional para blindar el derecho al aborto.
Esta iniciativa, que pretende añadir un cuarto apartado al artículo 43 de la Constitución Española -dedicado a la protección de la salud-, busca garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional, asegurando por ley todas las prestaciones y servicios necesarios para su ejercicio efectivo.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha comparecido en rueda de prensa para subrayar que con este movimiento España se sitúa a la vanguardia internacional, aspirando a ser el segundo país del mundo en constitucionalizar este derecho, tras el precedente sentado por Francia en 2024.
Según Redondo, la reforma es una respuesta necesaria frente a posibles "dinámicas regresivas" y un avance en el reconocimiento de la autodeterminación de las mujeres: "Es un día importante para la democracia española".
El Ejecutivo sostiene que, aunque la libertad de decisión de las mujeres no está cuestionada legalmente, la ejecución material del derecho a través de la sanidad pública sí presenta carencias estructurales. Datos definitivos del Ministerio de Sanidad correspondientes al año 2024 revelan que, de las 106.172 mujeres que abortaron en dicho ejercicio, casi el 80% (concretamente un 78,74%) tuvo que acudir a centros privados, ya fueran concertados o no, debido a la falta de medios o de voluntad en los hospitales públicos (donde solo se realizaron el 21,25% de las intervenciones).
Para corregir esta desigualdad territorial y asegurar la gratuidad y el acceso real, el texto propuesto incorpora las mejoras sugeridas por el Consejo de Estado y establece literalmente que: "Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva". El Gobierno de España considera que este blindaje es la única vía para evitar que cambios de color político en las comunidades autónomas pongan trabas al acceso a los servicios de salud reproductiva.
A pesar de este intento del Gobierno progresista, la reforma constitucional se enfrenta a una aritmética parlamentaria compleja. Al seguir el cauce del artículo 167 de la Carta Magna, se requiere una mayoría de 3 quintas partes tanto en el Congreso como en el Senado.
Esto obliga al Gobierno a contar obligatoriamente con el Partido Popular, formación que ya ha manifestado su postura contraria a este blindaje constitucional.
La ministra Redondo ha anunciado que, tras "pasar este rubicón" del Consejo de Ministros, iniciará contactos con el partido de Alberto Núñez Feijóo y otros grupos, apelando a que la mayoría de la sociedad española avala este derecho. Justo el PP se encuentra en plena pugna por ganar el espacio de la derecha conservadora con Vox y no parece dispuesto a ofrecer un gesto progresista en este caso.
En caso de no alcanzarse la mayoría de 3 quintas partes, el procedimiento prevé la creación de una Comisión Mixta. De persistir el desacuerdo, el texto podría aprobarse con 2 tercios del Congreso y mayoría absoluta del Senado. Algo que tampoco tiene el Gobierno.
Además, el presidente Sánchez no ha descartado la posibilidad de convocar un referéndum para que la ciudadanía ratifique la inclusión del aborto como ley fundamental.