Si por algo viene marcada la vigente legislatura en la Comunidad de Madrid es por la mayoría absoluta que el Partido Popular ostenta en la Asamblea. Un colchón político lo suficientemente mullido como para aprobar cualquier modificación legislativa. Y hacerlo, además, en los términos en los que el propio PP considere, con independencia de lo que puedan decir o hacer el resto de fuerzas.
Lejos de resignarse frente a la tozuda realidad, los partidos de la oposición a Isabel Díaz Ayuso, Más Madrid, PSOE-M y Vox, se han mantenido firmes en su labor: critica a la acción de Gobierno y articulación todo tipo de propuestas alternativas, que, en la inmensa mayoría de las ocasiones, han terminado en el más absoluto ostracismo.
Para muestra, la última, de esta incansable -y desagradecida- labor, el rechazo socialista frente al anteproyecto de Ley de Impulso para el Desarrollo Equilibrado de la Región, popularmente conocida como Ley LIDER. Y es que, una vez publicado el texto en el Portal de Transparencia autonómico, un principio básico durante los trámites de audiencia e información pública, los de Óscar López darían inicio un arduo proceso de análisis que ha desembocado este mismo martes en la puesta de largo del escrito de alegaciones bajo la firma del concejal Antonio Giraldo.
Entre los principios básicos sobre los que se apoya la amarga queja del PSOE, han expuesto al unísono la vocal en Cibeles, Reyes Maroto, y el diputado regional y portavoz de la Ejecutiva madrileña del partido, Javier Guardiola, una "vulneración" de la "autonomía local" y las "competencias municipales". Es decir, aquellas que recaen sobre los ayuntamientos en virtud de en virtud de lo recogido tanto la Constitución Española -artículos 137 y 148- como en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL).
En esta línea, argumentan, el artículo 5.2 del anteproyecto "deja escaso o casi nulo margen a los ayutamientos" al "vulnerar la competencia municipal en la tramitación y aprobación de ordenanzas urbanísticas". Y hacerlo, además, en detrimento de las potestades urbanísticas atribuidas a la Comunidad. Una máxima, añaden, que "genera incertidumbre legal y, en consecuencia, inseguridad jurídica".
A fin de "evitar esta desviación" recoge el escrito de alegaciones al que ha tenido acceso Madridiario, se plantea la necesidad de incluir en la futura ley la Agenda Urbana, un documento que, pese a no tener carácter normativo, persigue orientar el desarrollo de las ciudades hacia planes sostenibles, integrando a tal fin aspectos ambientales, sociales y económicos.
"Con la incorporación de la Agenda Urbana la participación de los municipios en la ordenación del territorio sería plena, evitando la vulneración de las competencias municipales (...). Por este motivo se propone modificar el texto del anteproyecto, de manera que en el caso de que un municipio disponga ya de Agenda Urbana esta se deba incluir en su integridad dentro del Plan Estratégico", plantean.
En paralelo, consideran, "la simplificación del sistema de instrumentos de planeamiento" podría asimismo derivar en "una menor profundidad de los análisis técnicos y ambientales", reduciendo asimismo "los espacios de participación ciudadana".
Otro de los ejes de la crítica, el supuesto carácter "especulativo" de la norma, caracterizada por una "insuficiente garantía de incorporación de vivienda protegida en los procesos de transformación urbana" en la medida en que "no regula las reservas" de VPP, "lo que supone un grave retroceso en las políticas de vivienda asequible en un momento de enorme necesidad".
Este hecho, sumado a que el anteproyecto "permite que puedan producirse incrementos de edificabilidad, densidad o cambios de uso en los suelos ya urbanizados sin necesidad de recurrir a instrumentos de planeamiento" y "reduce la eficacia del control judicial", terminaría por poner "en riesgo" el "modelo urbano", la "equidad territorial" y la "garantía del interés general". En síntesis, por "expulsar a los vecinos", ya no solo de la capital, sino más allá de los propios límites de la región.
Desde el PSOE-M alertan también en torno a la posible "paralización de desarrollos urbanísticos en curso" como consecuencia de la "inseguridad jurídica" aportada por el nuevo modelo de clasificación de suelos propuesto, que distingue únicamente entre suelo urbaizado y suelo rural, ya sea protegido o no protegido.
"La redacción del anteproyecto supone que la desaparición de la categoría de suelo urbanizable conlleve que determinados suelos clasificados en el planeamiento vigente pasen automáticamente a las 'situaciones básicas' del suelo. Así, existe el riesgo de que suelos clasificados como urbanos en planeamientos no adaptados (lo que sucede en numerosos municipios), si no cumplen estrictamente los requisitos del nuevo modelo, pasen a considerarse suelo rural no protegido. Asimismo los sectores que no cuenten con ordenación pormenorizada aprobada o
esté caducada, o suelos no consolidados, pasan a situaciones básicas también", advierten.
La ausencia de "estructuras de gobernanza conjunta", al contrario de la línea seguida por "las principales áreas metropolitanas europeas", es otra de los debes detectados por las filas del PSOE. Fundamentalmente porque, "en la práctica, el modelo propuesto refuerza una lógica de centralización" que "tiene consecuencias directas sobre algunos de los problemas urbanos" que afronta en la actualidad la Comunidad.
Finalmente, los socialistas cargan contra la ausencia de perspectiva de género en el texto presentado por el Ejecutivo autonómico y contra la "falta de rigor" derivada de "delegar la actividad de control" propia de la Administración a "una entidad colaboradora privada"
"El nuevo sistema otorga un papel muy relevante a los planes ejecutivos, que incluso pueden ser promovidos por particulares y pueden modificar la ordenación urbanística existente. Esto puede favorecer actuaciones fragmentadas, puntuales y sin visión urbana amplia, donde los desarrollos se impulsen caso por caso, en función de iniciativas e intereses concretos, en lugar de responder a una visión global de ciudad. En nuestra opinión se pone en riego el papel principal del urbanismo: planificar la ciudad pensando en el interés general y en el largo plazo", sentencia el escrito.
Acusación culminada con el fin último identificado por Maroto y Guardiola: la "privatización del suelo" que abre la puerta, de nuevo, a la cultura del "pelotazo urbanístico". A imagen y semejanza de lo ocurrido durante la crisis del ladrillo de 2008, consecuencia directa del pinchazo de la "burbuja" inmobiliaria. En definitiva, "más leña al fuego" de la vigente crisis de vivienda.
En caso de que el Partido Popular rechace las alegaciones y propuestas del resto de grupos parlamentarios y el texto termine por aprobarse tal cual ha sido presentado, los socialistas confirman ya su firme intención de estudiar la vía judicial para tratar de poner freno a la aplicación de la nueva normativa.