Rosita abre la puerta de su casa con una mezcla de amabilidad y cautela. Lleva más de veinte años viviendo en ese piso del barrio madrileño de San Blas. “Ya estoy acostumbrada aquí tantos años. Ya no me quisiera ir”, ha explicado a Madridiario sentada en su salón. La vecina del distrito número 20 de la ciudad de Madrid tiene 76 años, es una persona dependiente y requiere un dispositivo médico por las noches. En esa casa ha construido su vida tras la muerte de su pareja, hace más de una década. Desde entonces, ha seguido pagando los suministros, la comunidad y manteniendo este espacio. Sin embargo, desde hace unos meses su casa se ha convertido en un asedio constante.
Rosita no tiene una orden judicial de desahucio, pero sí la presión de la empresa Horus Desokupa. Primero ofertas económicas, después intimidación y finalmente un acoso sistemático. El piso pertenecía a la madre de su pareja. Él falleció sin formalizar la herencia y con los años han aparecido familiares que reclaman derechos sobre el inmueble. “Unos sobrinos es que están ahora heredando”, ha detallado Rosita. A partir de ese momento, según han denunciado desde el Sindicato del Barrio de San Blas- Canillejas, la situación se ha situado al margen de los cauces legales.
“El abogado me dijo que me daba primero mil euros para que yo abandone, ¿pero dónde voy a ir yo con mil euros?”
Durante la primera fase, el conflicto se planteó en términos de negociación. Rosita ha recordado a este digital cómo comenzaron a ofrecerle dinero para que abandonara la vivienda. “El abogado me dijo que me daba primero mil euros para que yo abandone, ¿pero dónde voy a ir yo con mil euros?”, ha comentado. “Después me fue subiendo a cinco y después mandó a los matones a que me ofrecieran seis. Últimamente, me ofrecían 15”, ha subrayado. “Yo no vine a romper puertas para meterme aquí. Aquí me metió mi pareja”, ha asegurado Rosita.
El punto de inflexión llegó cuando Rosita rechazó todas esas ofertas. “Entonces vienen y me dan golpes a las puertas”, ha relatado. Estos episodios violentos empezaron a repetirse con mayor intensidad. Manipulación de cerraduras, intentos de acceso o presencia intimidatoria en el portal. Además, la residente ha contado que estas intervenciones tienen un carácter semanal.
Durante los últimos meses, el acoso se ha centrado especialmente en el corte de los suministros. Rosita ha descrito que “vienen y me cortan la luz y me amenazan con cortarme el agua”. La situación es especialmente grave en su caso, pues la vecina necesita electricidad para su dispositivo médico nocturno. Ella ha insistido en que el corte no se debe al impago, Rosita ha reiterado que no tiene deudas. “Llame a la compañía y me dijeron que no son ellos que me cortan la luz”, ha concretado. Todo apunta, por tanto, a que los cortes no responden a la insolvencia sino a intervenciones extremas por parte de Horus Desokupa.
Rosita ha contado también que su vida cotidiana se ha visto alterada. Gestos como asomarse a la ventana o salir a comprar se han visto afectados por la coyuntura. “Tengo miedo, porque a veces salgo y creo que ellos no están ahí. Cuando vienen a ver, se dicen ‘ay, mira dónde va’, y me persiguen”, ha denunciado. A pesar de todo, Rosita tiene una actitud de resistencia, no quiere irse ni abandonar el sitio donde ha vivido más de 20 años.
El apoyo vecinal ha sido fundamental en este proceso. Rosita ha rememorado cómo, tras uno de los primeros incidentes, una persona se acercó a interesarse por su situación. “Me dio el teléfono y yo lo he llamado y se han reunido todos y me están ayudando”, ha manifestado Rosita, acompañada por una miembra de la organización sindical para la elaboración de esta entrevista. A partir de ahí, el sindicato de barrio ha comenzado a acompañarla, organizando apoyo, documentando los hechos y actuando como red de protección.
Desde el sindicato han descrito el caso como un ejemplo de “acoso inmobiliario”. Han reseñado que la situación de Rosita ha ido escalando paulatinamente, desde la presión económica inicial hasta actos de vandalismo y amenazas. De hecho, en uno de los episodios se produjeron amenazas directas contra un integrante del Sindicato de San Blas- Canillejas. En este sentido, la organización del barrio ha exigido una respuesta eficaz por parte de las instituciones. Rosita ha explicado las dificultades para que los episodios tengan consecuencias. “Ese día no la llamé, porque se fueron de una vez y ya no tienes cómo demostrar”, ha matizado.