La creciente preocupación "ante las graves sospechas de prácticas corruptas" o, en el mejor de los casos, "deficiencias relevantes en la tramitación" de proyectos vinculados a las energías renovables a raíz del estallido del 'Caso Forestalia' aterriza en la Comunidad de Madrid.
Tanto es así que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha exigido ya, vía carta dirigida a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, la "auditoria independiente" de las 53 plantas solares de gran potencia, con una extensión que abarca hasta 10.490 hectáreas, autorizadas -aunque todavía no ejecutadas- en la región desde el año 2018.
El objetivo último, apuntan fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, verificar que todas las Declaraciones de Impacto Ambiental se han llevado a cabo "con el rigor técnico y ambiental exigible".
La misiva, firmada por el consejero del ramo a escala autonómica, Carlos Novillo, reclama asimismo la asunción de tales competencias por parte de las comunidades autónomas, a fin de "garantizar su adecuada integración territorial".
En la práctica, para dar un giro de 180 grados a tales políticas y, en la línea de lo establecido por el Plan de Protección del Paisaje regional, que limita al cuatro por ciento del total de la superficie los espacios para estas instalaciones, pasar a aprovechar construcciones ya existentes como cubiertas y zonas de baja productividad agrícola para la instalación de plantas fotovoltaicas.
El escrito lamenta además que en la tramitación de tales proyectos se habría alterado el "orden lógico" del procedimiento, al haberse emitido las Declaraciones de Impacto Ambiental con anterioridad a la "planificación estratégica del territorio". Tesitura que bien podría conducir hacia "una "ocupación desordenada del suelo".
Por ello solicitan también que las comunidades dispongan de un informe territorial vinculante en los proyectos cuya evaluación ambiental corresponde al Estado antes de su puesta en marcha, especialmente en lo relativo a la protección del suelo agrario y la compatibilidad urbanística.
En último término, las quejas y peticiones del Ejecutivo se encaminan a salvaguardar un "sector clave" en la economía madrileña: la agricultura, con especial atención sobre el olivar y el viñedo. Y es que, insisten, "el despliegue de las energías renovables debe ser compatible con la protección del medio ambiente y de sectores estratégicos como es la agricultura".
La cuestión, como cabía esperar, ha copado buena parte de las ponencias posteriores a la Junta de Portavoces de este lunes en la Asamblea de Vallecas. En el PSOE-M, formación que encabeza el Gobierno central, lo tienen claro: si han detectado irregularidades, que acudan a la Justicia.
"El señor Novillo está haciendo acusaciones muy graves y, desde luego, desde el Grupo Parlamentario Socialista lo que le invitamos es a recurrir a la vía judicial si tan claro lo tiene", ha aseverado al respecto la primer espada socialista en Entrevías, Mar Espinar.
Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha celebrado que Madrid "contribuya a la transición energética (…) generando oportunidades de desarrollo local y bienestar para la gente que vive cerca de esos parques solares". Un sendero a transitar, en cualquier caso, "beneficiando a todo el mundo y no solo a las multinacionales", ha matizado. Algo frente a lo que "estaremos vigilantes".
Finalmente, por voz de su líder en la Cámara, Isabel Pérez Moñino, en Vox han criticado que "hay ayuntamientos gobernados con mayoría absoluta por el Partido Popular que, en lugar de estar liberando suelo para construir vivienda, que es lo que están demandando hoy los madrileños y lo que necesita nuestra región, se está destinando a construir plantas fotovoltaicas".