El Ayuntamiento de Madrid ha desalojado a cinco familias que residían en infraviviendas situadas dentro de una antigua fábrica en la calle Antonio Cabezón, en el distrito de Fuencarral-El Pardo. La actuación se llevó a cabo para permitir la adopción de medidas de seguridad en el inmueble y se produjo en medio de las críticas de los grupos municipales de Más Madrid y PSOE cuyos representantes acudieron hasta el lugar para exigir alternativas habitacionales para las personas afectadas.
Las cinco familias desalojadas (unas 25 personas, entre ellas menores) han abandonado la nave y, por el momento, se han trasladado a otra zona cercana donde también existen infraviviendas y residen otras familias en situación similar.
Fuentes municipales han señalado que técnicos del área de Urbanismo accedieron al edificio tras el desalojo voluntario de las personas que se encontraban en la nave para adoptar las medidas de seguridad previstas. Tras el desalojó, se iniciaron las labores de tapiado que, posteriormente, permitirán realizar obras de consolidación con el objetivo de garantizar la seguridad de la construcción.
Desde el Consistorio aseguran además que los servicios sociales municipales mantienen una intervención social individualizada con las personas afectadas y continuarán con el seguimiento de cada caso para ofrecer atención ajustada a sus necesidades.
Según las mismas fuentes, a las personas que abandonaron la nave se les ofreció una alternativa habitacional dentro del marco de la emergencia social. El dispositivo municipal de Samur Social puso a su disposición recursos de acogida temporal, aunque estas personas los habrían rechazado.
Hasta el asentamiento se desplazaron representantes de la oposición municipal para mostrar su apoyo a los vecinos y reclamar soluciones habitacionales estables. La concejala del grupo municipal Socialista, Meritxell Tizón, calificó la situación de "vergonzosa" y acusó al Ayuntamiento de intentar realizar un desalojo sin ofrecer una alternativa adecuada.
"Aquí estamos viviendo una muestra de la inhumanidad del Ayuntamiento de Madrid", afirmó Tizón, quien recordó que algunas de las familias llevan décadas asentadas en la zona. "Son familias cuyos hijos van al colegio, con personas con discapacidad y con un fuerte arraigo en el distrito", señaló.
La edil socialista cuestionó también las soluciones planteadas por el Consistorio. "¿Cómo es posible que se ofrezca tan poco a unas familias con las que se lleva tantos años en seguimiento y a las que se las está dejando literalmente en la calle?", afirmó.
Según explicó, las opciones propuestas (albergues temporales o alojamientos compartidos durante periodos limitados) no constituyen una solución viable para familias numerosas. "No puedes dar como alternativa a familias que llevan aquí décadas un albergue temporal o un piso compartido durante unos meses. Eso no es una alternativa real", añadió.
Tizón aseguró además que la paralización inicial del desalojo fue posible gracias a la movilización de los vecinos. "Hoy hemos ganado una batalla, pero queda mucho camino por recorrer y desde el Grupo Municipal Socialista vamos a seguir insistiendo en que se les dé una vivienda digna", afirmó.
También desde el lugar, la concejala de Más Madrid Cuca Sánchez, acompañada del diputado autonómico Samuel Escudero León, reclamó que el Ayuntamiento no ejecute desalojos sin garantizar previamente una alternativa habitacional estable.
Por su parte, Escudero León describió la situación de las familias como de "angustia y desesperación" ante la incertidumbre sobre su futuro. "Aquí tenemos muchísimas familias llenas de dudas sobre qué va a pasar con ellas, con sus hijos y con sus familiares mayores", señaló.
Escudero insistió en la necesidad de que el Ayuntamiento presente un plan de realojo por fases y por escrito que garantice una vivienda para las familias afectadas y permita despejar la incertidumbre sobre su futuro.
La situación del asentamiento de Antonio Cabezón ya fue abordada en el pleno del Ayuntamiento celebrado el pasado mes de febrero. El grupo municipal socialista presentó una iniciativa para condicionar cualquier actuación de desalojo a la intervención previa de los servicios sociales y a la garantía de soluciones habitacionales adecuadas.
La propuesta fue defendida por el concejal socialista Pedro Barrero, quien recordó durante el debate que "no estamos hablando de expedientes, sino de personas con nombres y apellidos que necesitan respuestas públicas a la altura de su situación".
El Partido Popular votó en contra de la iniciativa, lo que, según los socialistas, evidencia la falta de una estrategia social para resolver la situación de estas familias.